Restaurar la autonomía de los organismos reguladores del sector energético y atender las limitaciones de la infraestructura de la transmisión eléctrica son algunas de las recomendaciones que plantean el Tec de Monterrey y el Baker Institute para que México pueda aprovechar las ventajas del nearshoring.
“Más allá de su ubicación, México cuenta con importantes ventajas para atraer la relocalización de cadenas de suministro a través del fenómeno conocido como Nearshoring. Entre ellas, décadas de integración de cadenas manufactureras que han dado lugar a un profundo ecosistema industrial. Sin embargo, existen algunos retos dentro del sector energético mexicano que deberán ser atendidos para aprovechar esta oportunidad histórica”, plantean ambas instituciones.
La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y el Center for the US and Mexico del Baker Institute elaboraron el informe “The Power Problem: Nearshoring and Mexico’s Energy Sector”.
En él presentan un diagnóstico del estado del sector energético en México y las nuevas políticas que el gobierno entrante que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo puede implementar para hacer realidad la promesa de nuevas inversiones en México.
Asimismo, consideran que, además del proceso electoral en desarrollo dentro de Estados Unidos y la inminente revisión del tratado comercial entre México, EE.UU.y Canadá (TMEC) en 2026, entre los numerosos desafíos de México, el sector energético representa importantes demandas en dos segmentos clave: la generación y la capacidad de transmisión de energía.
“La falta de inversión en los últimos años ha resultado en un sistema rebasado por la creciente demanda interna, sumando los requerimientos para satisfacer la demanda generada por la relocalización de cadenas de suministro”, dice el informe.
También menciona que la dependencia en fuentes no renovables no satisface las necesidades de las empresas que buscan trasladar sus operaciones productivas a países con energía suficiente, confiable y respetuosa del medio ambiente.
Del mismo modo considera como un aspecto ignorado pero decisivo del sector energético mexicano el retraso del país en su infraestructura de transmisión. En este sentido, indica que abordarlo podrá garantizar no solo nuevas inversiones, sino la seguridad energética, el crecimiento económico y mitigar los riesgos asociados a la dependencia del gas natural.
En cuanto a las políticas públicas en materia de energía, la Escuela y el Centro aseguran que complican la toma de decisiones para los inversionistas y, por lo tanto, la capacidad de México para aprovechar las oportunidades del nearshoring.
“Las políticas energéticas del gobierno en turno han conducido a un aumento de los costos de la electricidad, a la degradación ambiental y a una menor confiabilidad, debilitando el atractivo del país para los inversionistas potenciales”, encontró el documento.
Por ello, recomiendan que el próximo gobierno dé prioridad a las estrategias para abordar problemas críticos, como una generación de energía más rápida y limpia y una infraestructura de transmisión más sólida.
Sobre ello, afirman que no es viable depender únicamente de los recursos públicos, ya que es probable que el próximo gobierno experimente una política fiscal más restrictiva que la de la actual administración.
De ahí la importancia de la participación del sector privado que será esencial para cerrar la brecha de inversión en infraestructura eléctrica y acelerar el despliegue de tecnologías de energías renovables críticas para la transición energética.
Así, la Escuela y el Centro estiman que las prioridades del gobierno entrante deben perseguir los objetivos:
- Acelerar la inversión privada en el sector energético con el fin de aumentar el suministro de electricidad.
- Impulsar la producción de gas natural para apoyar la expansión de la generación de electricidad.
- Incentivar la adopción de nuevas tecnologías para generar electricidad con energías limpias.
- Atender las limitaciones de la infraestructura de transmisión eléctrica.
- Restaurar la autonomía de los organismos reguladores del sector.
- Reforzar las medidas de protección de las inversiones.
“Implementar estas políticas públicas permitirá que México pueda satisfacer la creciente demanda energética, potenciando el atractivo del país y aprovechando muchas de las oportunidades de inversión «green-field» que promete el nearshoring”, concluyeron.