En el último momento, diputados de Morena promovieron la eliminación de la responsabilidad exclusiva del Estado mexicano de llevar la Transición Energética del país.
El día de ayer, en una larga discusión sobre las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de áreas y empresas estratégicas, propuestas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobó el dictamen que convierte a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en “empresas públicas del Estado”.
El texto original de la iniciativa planteaba adicionar al artículo 27 de la Constitución el párrafo:
“El Estado queda a cargo de la política y la estrategia de transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía con las que dispone la nación…”.
Sin embargo, en la sesión la diputada por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ana Elizabeth Ayala Leyva, presentó una reserva para eliminar ese párrafo, bajo el argumento de que el Estado no cuenta con los suficientes recursos para ello.
Su compañero de bancada, Ricardo Monreal Ávila, defendió la postura de Ayala Leyva y argumentó que, de dejar el texto como está originalmente se entendería que estaría a cargo de realizar todas las inversiones para ello.
“Si no se suprime este párrafo, entonces no se permitirá constitucionalmente la inversión privada, en ninguna de sus modalidades, para ninguna generación de energía, para ninguna circunstancia distinta a la que dice este párrafo”, advirtió.
En su oportunidad, la diputada también morenista, Dolores Padierna Luna, aclaró que el sentido de la reforma es que el Estado tenga la rectoría de la Transición Energética, no las inversiones.
“Lo que estamos cuidando en toda la parte que se leyó es que el Estado conserva la rectoría, no el cien por ciento de la inversión”, expresó.
Previamente, la diputada por Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, aseguró que la propuesta de modificaciones era limitada en cuanto al uso de las energías renovables.
La legisladora emecista había presentado una reserva con respecto a este punto, en la que proponía que el Estado se coordinara con los sectores académico, de investigación y social con el tema de la transición energética.
“Frente a la transición energética, el Estado no debe sesgar su actuar ni encaminar este proceso solo. Debe generar apertura para la participación de actores claves especialistas e incorporar sus conocimientos y experiencias que les permita dar pasos firmes y certeros”, afirmó en su participación.
Al final, en votación económica, se aprobó por mayoría la eliminación del párrafo que establecía que el Estado quedaría a cargo de la Transición Energética.