El 99 % de agresiones a defensores ambientalistas queda impune: Cemda

Con información de Sergio Martínez

El 99 por ciento de los casos de agresión a defensores ambientales no se sanciona, lo que demuestra la impunidad que hay en México, señaló Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Durante 2024, en México se registraron 94 eventos con 236 agresiones específicas contra personas defensoras del medio ambiente, reveló el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en 2024”, elaborado por el Cemda.

Durante la presentación del documento el día de ayer, se resaltó que el Estado fue el principal agresor, participando con el 65.9 por ciento de los eventos de agresión a defensores ambientales, lo que sugiere que las autoridades mexicanas no están cumpliendo con sus obligaciones de proteger a estas personas, mientras que las empresas privadas fueron responsables del 26.5 por ciento restante.

Dentro de los principales eventos de agresiones específicas que se documentaron está la intimidación, con 27 casos; el hostigamiento, con 23; el homicidio, con 21; la criminalización, con 20, y difamación, con 19 casos.

Itzel Arteaga, abogada senior del Cemda, resaltó que 45.7 por ciento de las agresiones se dieron contra miembros de comunidades indígenas y agrarias, además de referir que los principales estados del país en los que se dieron el total de las agresiones fueron Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz, en donde sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados.

En la presentación del Informe, Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario de la comunidad Maya de Santa María Chi, Yucatán, y Juana Inés Ramírez Villegas, indígena Mixe de Guichicovi, Oaxaca, compartieron su experiencia y su situación en la que se violentaban sus derechos y se cometían agresiones por ser defensores ambientales.

Una deuda con la Constitución

Finalmente Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), exhortó a otorgar un reconocimiento al Cemda por el trabajo de documentar, investigar y visibilizar durante más de 10 años los problemas y la grave situación que viven los defensores de los derechos ambientales y de los territorios en nuestro país.

“Ninguna persona debería de correr ningún peligro por tomar la decisión de proteger su territorio, de proteger la vida y de proteger los ecosistemas. Esta decisión debería de ser respetada y debería de ser acompañada y reconocida por vecinos, la sociedad y por supuesto por las autoridades de todos los niveles y todos los ámbitos así como por parte del sector privado”, expresó.

Igualmente, consideró que la violencia documentada durante ese por parte del Centro pone de manifiesto la deuda con la Constitución mexicana, con el acuerdo de Escazú y con las personas defensoras ambientales del país.

“Esta situación es más grave si consideramos que quien es el principal perpetrador de las agresiones es el Estado”, reconoció Boy.

De esta manera, indicó que la Profepa está trabajando para que las personas defensoras de los Derechos ambientales encuentren una respuesta pronta sus peticiones y a sus demandas por parte de la autoridad ambiental, y reconocer su derecho a decidir libremente y de manera informada qué proyectos se pueden y se permiten por parte de ellos llevar a cabo en su territorio.

Agregó que la Procuraduría a su cargo está trabajando para que se cumpla el Acuerdo de Escazú del que México forma parte, garantizando un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales.

Además, dijo que la institución busca fortalecer los comités de vigilancia ambiental participativa e imponer sanciones ejemplares para aquellos que violen la ley ambiental, “enfocándose en la reparación y sanación de los daños causados, y no únicamente el pago económico de las sanciones, ya que estás suelen estar en los ‘presupuestos’ de las empresas que realizan el daño.” comentó Mariana Boy.