Llaman a considerar vulnerabilidades de cada entidad en la Transición Energética

Los impactos de una misma acción de Transición Energética son diferentes en cada entidad de la República mexicana, dependiendo de sus características propias, como pobreza, empleo, gobernanza y capacidad de adaptación local, encontró una serie de estudios dados a conocer este miércoles.

“El camino para una transición energética justa en México enfrenta diversos desafíos relacionados con las vulnerabilidades sociales, acceso justo y equitativo a las energías renovables, la velocidad de llegada de nuevas inversiones industriales e, incluso, pérdida de empleos”, consideraron expertos.

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey presidió esta mañana el evento “Transición Energética, Desigualdades y Movilidad Social”, durante el cual se presentaron los hallazgos de cuatro estudios sobre la transición energética, impulsados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Delegación de la Unión Europea (UE).

En el acto, se expuso como ejemplo de la diferencia en los impactos de una misma acción encaminada a la Transición Energética de una entidad a otra, el retiro de centrales de generación eléctrica con base en combustibles fósiles.

“Podría afectar de manera diferente a Guerrero debido la alta incidencia de pobreza en este estado, comparado con Coahuila con menor incidencia, pero alta dependencia de la extracción de carbón”, indicaron.

También se encontró asimismo que las mujeres, pueblos originarios y comunidades rurales enfrentan una vulnerabilidad desproporcionada ante estos cambios, aún cuando van dirigidos hacia la descarbonización.

“Es fundamental que las políticas públicas consideren las características de cada estado o municipio y el tipo de vulnerabilidad, prestando atención a las brechas existentes, como la de género y pobreza, para evitar que la transición las exacerbe”, dijo Marco Jano, subdirector de Investigación de IDEA.

En el estudio “Transición energética justa en México: vulnerabilidades, impactos y claves para la equidad”, elaborado por el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), también se expone la necesidad de asegurar la representación de las mujeres y de las comunidades indígenas en los procesos de consulta, proporcionar información en un lenguaje accesible y considerar sus necesidades energéticas durante todo el proyecto.

Por su parte, Diego Castañeda, autor del estudio “Simulación del impacto en el empleo y la desigualdad de la transición energética en México”, analizó los efectos de la transición energética en el empleo y la distribución del ingreso bajo varios escenarios al año 2030.

Encontró que, aunque la Transición generará un saldo positivo de empleos a nivel nacional, su impacto será desigual entre sectores, regiones y grupos sociales, por lo que se requieren políticas focalizadas para garantizar una transición verdaderamente justa e inclusiva.

Destacó que la Transición Energética tiene un impacto neutro a nivel nacional en la distribución del ingreso. No obstante, es a nivel regional donde se presentan impactos distributivos: con estados potencialmente ganadores como Sonora o Oaxaca, o perdedores como Coahuila y Veracruz.

“A nivel general, el impacto en empleo de la transición es pequeño produciendo unos 60 mil nuevos empleos relacionados a la transición, entre directos, indirectos e inducidos y unos 20 mil empleos perdidos entre la generación de energía con combustibles fósiles. El impacto neto en el mercado laboral en 2030 es de aproximadamente 40 mil empleos”, expresó.

Transición energética justa

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó el estudio “Transición energética justa, desigualdad estructural y movilidad social en México”, en el cual se enfatizó que la Transición Energética en México puede agravar desigualdades si no se prioriza la justicia distributiva y la movilidad social.

“El acceso a energía asequible y confiable es esencial para el desarrollo y crecimiento económico. Para una Transición Energética justa se debe priorizar el impulso a la movilidad social, inclusión económica y sostenibilidad ambiental, asegurando que el acceso a fuentes de energía renovable genere oportunidades y equidad”, consideró Alejandro López-Feldman, uno de los autores de la investigación.

Añadió que es importante coordinar esfuerzos entre distintos sectores y evitar enfoques aislados. Por ejemplo, expandir energías renovables en comunidades vulnerables podría fortalecer a cooperativas, mientras que promover incentivos fiscales facilitará un acceso más equitativo a fuentes limpias de energía.

Finalmente, en el estudio “La reconfiguración de las cadenas globales de valor y generación distribuida”, realizado por el Tecnológico de Monterrey, se analizó el grave desfase en México de su infraestructura eléctrica y la velocidad de llegada de nuevas inversiones industriales.

Esta investigación propone redirigir el subsidio eléctrico residencial hacia la instalación de paneles solares en techos de hogares ubicados en zonas industriales estratégicas, como una solución fiscalmente neutra, socialmente progresiva y técnicamente viable.

“No pretende reemplazar la expansión convencional, sino complementar en el corto plazo, aliviando presión sobre la red y liberando capacidad para el sector productivo. Es una intervención táctica que complementa —no sustituye— la planeación estatal”, consideró Rolando Fuentes Bracamontes.