En un futuro inmediato serán necesarios paneles de arbitraje especializados en materia de energía y se implementarán “arbitrajes híbridos” que incluyan diversos aspectos, como temas regulatorios, presión política y los criterios de ambiente, sociales y de gobernanza, prevén expertos en controversias y arbitrajes.
Juan Arturo Dueñas, counsel de la firma de abogados Hogan Lovells, refirió que en la actualidad alrededor de 60 por ciento de los proyectos involucrados en disputas y problemáticas pertenecen a energía, que engloban los de construcción, petróleo y gas, y minería, entre otros.
Explicó que anteriormente las disputas relacionadas con estos proyectos eran meramente de tipo contractual, pero hoy en día se presentan por cambios regulatorios, presiones políticas, tensiones sociales, por incumplimiento de los criterios ESG y, en muchos casos, como en México, por controversias constitucionales, así como por disputas socio-ambientales.
Precisó que en México existe una “combinación exclusiva de detonantes” en las controversias en el sector energético ante una incertidumbre regulatoria por la reforma de marzo de este año, la presión política y, además, por la reforma judicial.
“Un caso muy completo, muy típico de las controversias en el sector energético, es cuando el desarrollador cumple contractualmente con todas sus obligaciones, pero el Estado decide, a veces unilateralmente, una recesión de contrato, una cancelación de permisos o una suspensión de incentivos”, señaló Dueñas durante la jornada “El arbitraje en megaproyectos: la búsqueda de las causas del problema”.
Por ello, consideró que, en un futuro inmediato, serán necesarios paneles de arbitraje especializados en materia de energía y se implementarán “arbitrajes híbridos”, “que no solo incluyan la parte técnica, la parte legal, operativa y de construcción sino que incluya temas regulatorios, presión política y los criterios ESG”, aseguró.
Por su parte, Salvador Fonseca, del Comité Consultivo del Centro Internacional de Resolución de Disputas (ICDR, por sus siglas en inglés), previó que la reciente reforma judicial replanteará la forma de arbitrar proyectos.
“El Estado va a tener el control […] en la fase de posibles procesos judiciales que tengan que ver con los proyectos como los amparos, órdenes cautelares y en la fase de movilidad y ejecución del orden”, alertó.
Diputas socio-ambientales
En la conferencia, Almudena Otero, practicante independiente, destacó las disputas en mega proyectos derivadas por problemas sociales y ambientales, principalmente por un mal ejercicio de las consultas previas a las comunidades.
“Si no se lleva adecuadamente, a veces estas comunidades, ya sea genuinamente o manipuladas, tienen la fuerza para lograr que un proyecto no vea la luz del día”, advirtió Otero.
Agregó que la tecnología se sumará al binomio de energía-construcción en los proyectos, es decir, indicó que en la construcción de proyectos energéticos se verá una tecnología tan integrada que se volverán una sola cosa.