Del “just in time” al “just in case” para la industria
La seguridad energética no es un debate técnico, es una discusión sobre gestión de riesgo país. Durante años, México ha operado su sistema de gas natural bajo una lógica de eficiencia operativa que, en condiciones normales, parece impecable: integración profunda con Estados Unidos, infraestructura transfronteriza robusta y costos competitivos.
Sin embargo, esta eficiencia tiene una característica estructural: funciona bajo el modelo “just in time”. Inventarios mínimos. Flujo continuo. Dependencia de que nada extraordinario ocurra. México está operando gas natural como si fuera autopartes.
En la industria manufacturera, el “just in time” reduce costos y optimiza capital de trabajo. Pero en energía –insumo estratégico que sostiene generación eléctrica, manufactura pesada y competitividad industrial– esa misma lógica puede convertirse en vulnerabilidad sistémica. El modelo fue racional en un entorno de estabilidad climática, mercados predecibles y reglas claras. Hoy ya no lo es.
Clima extremo recurrente, volatilidad geopolítica, reconfiguración de cadenas globales y nuevas reglas del juego en el sector energético mexicano han cambiado las condiciones estructurales. La pregunta no es si Estados Unidos es un socio confiable, la pregunta es si el diseño actual del sistema mexicano es resiliente ante disrupciones físicas o regulatorias fuera de nuestro control.
El problema de fondo no es la dependencia. Es la ausencia de un mecanismo robusto que transforme esa dependencia en integración estratégica con amortiguadores suficientes.
México, como bien la sabemos, carece de almacenamiento estratégico significativo y opera con inventarios operativos limitados. Esto implica que cualquier interrupción prolongada puede trasladarse rápidamente al sistema eléctrico, a la industria y, eventualmente, a la estabilidad económica.
La transición energética agrega complejidad. La integración creciente de renovables intermitentes aumenta la necesidad de respaldo firme. El gas natural cumple hoy ese rol. Si el respaldo es frágil, la confiabilidad del sistema también lo es.
Aquí es donde el debate debe evolucionar.
La seguridad energética no se construye con discursos ni con declaraciones de intención. Se construye con mecanismos. Con estándares mínimos de resiliencia. Con señales de precio que reflejen el costo real del riesgo. Con obligaciones e incentivos alineados entre sector público y privado.
El almacenamiento estratégico y/u operativo no es únicamente un proyecto de infraestructura, es una decisión de diseño institucional. Es reconocer que la resiliencia tiene un costo visible, mientras que la vulnerabilidad tiene uno invisible hasta que ocurre la crisis.
Las nuevas reglas del juego en el sector energético mexicano –incluyendo esquemas de planeación vinculante y mayor centralidad del Estado en decisiones estratégicas– exigen un replanteamiento del rol de la iniciativa privada. Ya no basta con evaluar proyectos bajo métricas tradicionales de retorno financiero. Es necesario incorporar métricas de exposición al riesgo sistémico.
Si México aspira a consolidarse como destino clave para la relocalización industrial, el modelo “just in time” energético es incompatible con esa ambición. Ningún inversionista global evalúa únicamente el costo del gas, evalúa su disponibilidad y confiabilidad bajo escenarios de estrés.
“Si México aspira a consolidarse como destino clave para la relocalización industrial, el modelo “just in time” energético es incompatible con esa ambición”.
El siguiente paso lógico no es abandonar la integración con Estados Unidos, sino evolucionar hacia un modelo “just in case”: uno que combine eficiencia con amortiguadores estratégicos.
¿Qué implica esto en términos prácticos?
Primero, reconocer la seguridad energética como un bien público que requiere arquitectura financiera clara. Sin un esquema de recuperación de costos bien diseñado, la inversión privada en almacenamiento estratégico difícilmente avanzará.
Segundo, articular consorcios industriales y comerciales que funcionen como demanda ancla para proyectos de resiliencia. Grandes consumidores pueden desempeñar un papel activo en viabilizar infraestructura crítica, no como acto altruista, sino como estrategia de gestión de riesgo.
Tercero, fortalecer la participación técnica de la iniciativa privada en el diseño regulatorio. La discusión no debe centrarse en flexibilidades coyunturales, sino en modelos sostenibles que alineen rentabilidad con resiliencia sistémica.
Finalmente, incorporar indicadores objetivos de exposición al riesgo energético. Medir días efectivos de cobertura, sensibilidad regional y dependencia crítica permitiría elevar el debate de lo político a lo técnico.
El futuro que nos espera si no tomamos medidas no es necesariamente inmediato ni espectacular. Es más silencioso: volatilidad recurrente, incertidumbre para la inversión y fragilidad acumulada. La resiliencia energética no se improvisa en medio de una disrupción, se diseña antes.
Migrar del “just in time” al “just in case” no es un giro ideológico, es una decisión racional frente a un entorno más complejo. La seguridad energética no debe verse como un costo adicional, sino como una póliza estructural para el desarrollo.
“Migrar del “just in time” al “just in case” no es un giro ideológico, es una decisión racional frente a un entorno más complejo”.
La pregunta no es si debemos asumir ese costo. La pregunta es si estamos dispuestos a diseñar colectivamente los mecanismos que permitan distribuirlo de manera inteligente, antes de que el mercado nos imponga uno mucho mayor.

*/ Marcela Gastélum Acosta es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con dos Maestrías: un MBA con especialidad en Emprendimiento por Grenoble École de Management (Francia) y una Maestría en Innovación en Desarrollo Empresarial por el Tecnológico de Monterrey.
Es ejecutiva del sector energético con 20 años de experiencia en gas natural, GNL y desarrollo de proyectos estratégicos. Ha liderado áreas comerciales y de relaciones institucionales, impulsando inversiones, estructuración de proyectos y diálogo con autoridades. Así, ha ocupado posiciones clave en empresas de relevancia internacional, como IGASAMEX, Sempra Infraestructura, ENGIE y Énestas.
Ha sido promotora del liderazgo femenino en energía y participa activamente en foros empresariales y sectoriales, donde promueve una transición energética estratégica, competitiva y con visión de largo plazo, además de ser parte de los colectivos Voz Experta y Women’s Energy Network (WEN).
Actualmente es Gerente de Desarrollo de Negocios en CAPWATT.
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