Fracking en México: ni automático, ni mágico

La Presidenta ordenó analizarlo con rigor y sin sesgos; para convertir ese análisis en inversión efectiva, será indispensable revisar y ajustar también los marcos social, hídrico, fiscal, regulatorio y contractual.

La instrucción de la Presidenta de analizar a fondo el tema del gas y aceite de roca, conocidos como recursos “no convencionales”, “shale” o “fracking”, con expertos académicos y sin sesgos, es una noticia extraordinaria. México posee una de las mayores reservas del mundo en estados del norte, particularmente Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que importa más del 70 % del gas natural que consume. Resolver ese contrasentido es clave para la seguridad energética y para aprovechar el nearshoring que exige suministro eléctrico firme anclado en gas nacional.

La orden presidencial abre la puerta a resolver, con evidencia, un debate que lleva más de una década paralizado por mitos. Pero conviene decirlo con claridad: despejar el fantasma ambiental es condición necesaria, no suficiente. Si el análisis concluye, como concluyeron Texas, Argentina y China, que el recurso puede extraerse de forma ecológica y socialmente retribuible, México apenas estará en la línea de salida. La inversión no llegará por decreto; llegará, o no, en función de qué tan rápido construyamos certeza jurídica en cinco frentes simultáneos.

El peor escenario sería que el análisis concluya “sí se puede” y el país asuma que con eso basta. Polonia nos dejó esa lección: tenía la geología, tenía a los grandes operadores instalados y, aun así, los vio huir porque el marco regulatorio jamás se ajustó al modelo de negocio. La extracción no convencional opera como una “fábrica de pozos”, cientos de perforaciones en ciclos cortos, márgenes ajustados y decisiones de capital semanales. Un marco diseñado para proyectos convencionales, por robusto que sea, como lo tenemos en México, no funciona para ese ritmo.

“La extracción no convencional opera como una ‘fábrica de pozos’ […] Un marco diseñado para proyectos convencionales, por robusto que sea, como lo tenemos en México, no funciona para ese ritmo”.

Los cinco frentes que deben avanzar en paralelo

1.- Social: consulta vinculante y pacto real con la comunidad. Este es el punto de partida, no un accesorio. Sin consenso social con los estados y municipios productores, ningún proyecto nace. El Reino Unido lo demostró: un marco técnicamente sólido fue derrotado políticamente porque las comunidades solo vieron impactos y ningún beneficio. La ruta correcta es la que se llevó a cabo en Neuquén, Argentina: consulta obligada con resultado positivo como requisito previo, acompañada de cláusulas contractuales de contratación local preferente, que obliguen al operador a priorizar empresas y mano de obra de los estados productores, siempre que sean competitivas en precio y calidad, y fondos fiduciarios de inversión social gestionados localmente para obra visible: hospitales, caminos y escuelas. Si no hay acuerdo con la comunidad, el proyecto no arranca; si lo hay, debe ser autosostenido y perceptible en la región.

2.- Hídrico: prohibir el agua dulce, obligar el reúso. El temor social por el agua es el ancla política del debate, y es legítimo. La salida técnica existe y está probada: Texas y Vaca Muerta, en Argentina, operan hoy con agua salobre de acuíferos profundos, agua residual tratada y reciclaje masivo del agua de retorno del propio pozo. China lo exige por ley en una geografía con estrés hídrico idéntico al del norte mexicano. La reforma debe ir a la Ley de Aguas Nacionales y a la normatividad de CONAGUA para prohibir explícitamente el uso de agua dulce potable en fractura y obligar, con reconocimiento de costos –y con eso devolución de parte de la inversión–, al uso de fuentes alternativas.

3.- Fiscal: del gravamen temprano al régimen piloto. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) vigente mantiene regalías, cuota contractual exploratoria y derechos que se acumulan antes de la primera venta. Para no convencionales, esto drena el flujo de caja en la etapa más intensiva en capital. Argentina resolvió el problema bajando temporalmente la regalía al 5 % durante la fase de aprendizaje, con el Estado como socio del riesgo inicial. México necesita un capítulo específico en la LISH que reconozca la curva de riesgo del shale y que, además, permita la recuperación de los costos de inversión social que la propia Ley del Sector Hidrocarburos exige. Hoy la ley obliga a invertir socialmente y los Lineamientos de la SHCP prohíben recuperar ese gasto, una contradicción que castiga financieramente a quien cumple y que debe ajustarse.

4.- Ambiental y regulatorio: ventanilla única real con plazos fatales. Hoy el operador transita por SENER, CNE, ASEA, CONAGUA y autoridades estatales sin un orquestador. La LSH ya posiciona a la SENER como autoridad rectora; falta que la ley la convierta en ventanilla única vinculante con las demás agencias como asesores técnicos internos y no como autoridades con poder de veto independiente. La clave es introducir plazos fatales con afirmativa ficta: si la autoridad no responde en el plazo, el permiso se otorga. La autorización debe integrar desde el origen los ductos y baterías asociados, rompiendo el círculo vicioso entre producción e infraestructura: nadie invierte en ductos sin producción garantizada, y nadie perfora sin ducto para sacar el gas.

5.- Contractual: plazos largos y vigencia por producción. Los actuales 25 años del contrato estándar son insuficientes para amortizar una fábrica de pozos. El piso debería ser de 35 años con una figura HBP “a la mexicana”. HBP significa Held By Production, “sostenido por la producción”, y es el modelo estándar de Texas: el contrato permanece vigente mientras el área siga produciendo en cantidades comerciales sin necesidad de renegociar prórrogas. Esto incentiva al operador a perforar rápido y mantener la producción, y elimina la incertidumbre política de depender de la renovación administrativa.

La coordinación es el verdadero reto

Lo que hace complejo este paquete no es ninguna pieza aislada, todas tienen precedente internacional probado, sino que exige modificar simultáneamente la LISH, la LSH, la Ley de Aguas Nacionales, los Lineamientos de la SHCP para recuperación de costos y el Reglamento Interior de SENER. Tocar solo una pieza reproduce el fracaso polaco.

Conclusión

El análisis académico ordenado por la Presidenta es el primer paso correcto, pero el éxito no es automático con la instrucción. El país debe prepararse para el segundo paso: una reingeniería normativa coordinada que transforme el “sí se puede” técnico en un “sí conviene invertir” financiero, con la comunidad como socio y no como opositor. La diferencia se mide en miles de millones de dólares de inversión industrial y en la viabilidad misma del nearshoring. La ventana de oportunidad está abierta, pero no indefinidamente: el capital global se instalará donde la certeza jurídica llegue primero. México debe decidir si quiere ser ese destino y construir las condiciones para serlo.