Impuestos estatales al carbono aportaron más de mil mdp a 11 entidades

En México, apenas una tercera parte de los estados que conforman el país han implementado impuestos al carbono, una oportunidad que puede impulsar la transición energética y la mitigación del impacto ambiental, en medio de la crisis climática que afecta a todo el mundo.

De acuerdo con el estudio “Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias. Ciudad de México”, elaborado por la Plataforma Mexicana de Carbono (MéxiCO2), el año pasado estas entidades recaudaron 1,043.18 millones de pesos a nivel local.

Las entidades que tienen este impuesto son la capital del país, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Morelos, Yucatán, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Estado de México y Colima.

Del total de los impuestos al carbono recaudados, los líderes en la materia son Querétaro y el Estado de México, pues estas dos entidades representaron 42.5% de la bolsa total, al sumar entre los dos 444 millones de pesos.

Además, el estudio demuestra que nueve de las 11 entidades que establecen este impuesto, lo tienen etiquetado para destinarse a proyectos de remediación, obras de infraestructura sustentable, así como proyectos ambientales que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la entidad.

Solo Durango y Morelos no tienen etiquetados los recursos que recaudan a partir del impuesto que se calcula sobre la emisión de cada tonelada de dióxido de carbono emitida.

Además, algunas entidades ofrecen mecanismos de flexibilización para el pago de impuestos, a través de la adquisición de bonos de carbono.

“En este contexto, la evolución de los precios de los créditos resulta relevante porque a medida que los precios aumenten, el costo de cumplimiento para los contribuyentes que opten por esta vía también lo hará”, detalla el estudio.

Retos por delante

Sin embargo, persisten retos para que la implementación de este impuesto genere un mayor impulso a la remediación ambiental.

MéxiCO2 señala que entre los principales retos destacan las dificultades para establecer tasas que generen señales económicas suficientemente claras para incentivar la mitigación sin restar competitividad a los sectores regulados.

“Asimismo, persisten desafíos relacionados con la transparencia en el uso de los ingresos recaudados”, advierte. 

El estudio refiere que las entidades enfrentan dificultades para obtener financiamiento climático, debido a la reducción presupuestal en el sector ambiental, lo que limita la capacidad de las instituciones para fortalecer proyectos y programas de sostenibilidad, y merma la inversión en infraestructura para el desarrollo de sistemas de Medición Reporte y Verificación.

“Si bien instrumentos como los impuestos al carbono buscan, en principio, contrarrestar esta tendencia de menor asignación presupuestal al cambio climático, en la práctica son pocos los casos en los que los recursos generados se destinan efectivamente a atender esta problemática”, advierte el documento.

En ese sentido, el costo social del carbono puede servir como referencia para evaluar si las tasas reflejan el daño económico asociado a las emisiones. 

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región, el costo social promedio por cada tonelada de CO2 emitida es de 25.83 dólares, mientras que los impuestos en Querétaro y Colima se ubican por encima de ese umbral.

Otro factor sobre el que deben trabajar las instituciones del país es que el impuesto aún se percibe, en muchas ocasiones, como un instrumento aislado y no como el eje de una estrategia integral de cambio climático. 

“Para superar esto, se requiere una actualización profunda de leyes, reglamentos y planes estatales que definan con claridad su función en relación con metas de mitigación, su articulación con otros instrumentos, como mercados de carbono o programas sectoriales, así como el destino de los recursos recaudados”, detalló.