Caso huachicol fiscal en Guanajuato. Hay las herramientas

Menudo lío se ha desatado a partir de un decomiso de 59 millones de litros de combustibles presuntamente de origen ilegal de una planta de almacenamiento propiedad de Gas Natural del Noroeste –filial de Grupo SIMSA– y ubicada en el municipio guanajuatense de San José de Iturbide.

El decomiso, calificado como “histórico” por las autoridades federales, desató una batalla de declaraciones muy propias en este tipo de casos. La empresa aseguró que están en vigor todos sus permisos y autorizaciones federales y locales para operar la planta, además de precisar que las compañías importadoras de los productos han acreditado debidamente su origen e internación con todas las de la ley.

Por su parte, la Fiscalía General de la República que comanda Raquel Buenrostro Sánchez contraatacó la semana pasada al sugerir justo el posible origen ilegal de los combustibles. Huachicol fiscal, pues.

Autoridades locales afirmaron que la determinación del posible ilícito es resultado de una investigación que se realiza desde julio pasado, que involucra transporte de combustibles por carretera, una estación de despacho de gas licuado de petróleo (gas LP) y otras actividades.

En la presente administración se han emitido regulaciones muy estrictas orientadas al combate del huachicol fiscal, con un énfasis en la trazabilidad de los combustibles, incluyendo el balizado con código QR y candados en la emisión y recepción de los CFDI con la autentificación mediante los Certificados de Sello Digital (CSD), entre otras varias medidas.

Lo anterior significa que el Servicio de Administración Trubutaria (SAT), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Guardia Nacional (GN), Pemex y otras autoridades cuentan con las herramientas necesarias para esclarecer este asunto.

Con ello, lo mínimo esperable es que este caso no caiga en el terreno político, como desgraciadamente sucede a menudo en estas situaciones. Las herramientas están, ojalá también la voluntad se haga presente.

Pemex sigue perdiendo en gas y el tiempo corre

Como una coladera, nuestra empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene goteras de dinero por todos lados. Y el venteo de gas natural es uno de los orificios de esa coladera.

De acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial, la empresa del Estado quema unos 5 mil millones de metros cúbicos de gas al año, una fuga que representa pérdidas por 1.2 millones de dólares diarios.

Como usted sabe, una de las metas de la actual administración federal es alcanzar la soberanía energética, ahora también en materia de gas natural, y reconoce que las importaciones llegan a 75 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, han realizado anuncios de varias acciones para revertir esta dependencia del gas exterior, entre ellas, ir por este recurso mediante el controvertido fracking.

Del lado privado, al parecer sucedió el milagro. La alianza Praespero-URSUS E&I sigue avanzando en el proyecto de gas natural licuado URSUS-PODEBIS que justo aprovecharía el gas que ahora se quema y ventea a la atmósfera en el Golfo de México.

Las pérdidas de Pemex y sus deudas, ya muy masticadas en la opinión pública, persisten mientras estos proyectos están en eso, proyectos. Claro que es ingenuo pensar que en unos cuantos años se alcanzará un balance razonable entre producción nacional e importaciones, pero un aspecto a destacar es la flexibilización de la política energética que admite como necesarias las inversiones privadas para impulsar el sector energético.

Ojalá que en el camino la visión oficial continúe por ese rumbo. Para bien de México.

Buenas noticias en financiamiento para el desarrollo

Una buena noticia se dio a conocer la semana pasada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que lleva Édgar Amador Zamora, e Iniciativa Climática de México (ICM) de Adrián Fernández coincidieron en la necesidad de atraer inversiones, privadas incluidas, para que el país pueda alcanzar sus metas de desarrollo económico, social y, por supuesto, ambiental.

En el evento “Trazando la ruta hacia una Plataforma País en México”, efectuado a mediados de este mes en cooperación entre ambas instancias, se analizaron mecanismos para encontrar un modelo viable que permita movilizar financiamiento público y privado.

Como usted recuerda seguramente, en el marco del Acuerdo de París, el país se había planteado alcanzar para 2024 una meta de 35 por ciento de producción eléctrica a partir de fuentes limpias del total de su generación. Esto no se logró, en parte, por el freno regulatorio y administrativo a las inversiones privadas justo en el sector renovable que impuso el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, el gran reto consiste no solo en recuperar lo que se pueda del rezago derivado de la política anterior, sino que México tiene la nueva meta de 38 por ciento para 2030, con unas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0) más ambiciosas.

Es decir, la actual administración se encuentra atrapada entre un importante rezago heredado y una vara más alta para el final del sexenio. La política de que todo debe solucionarse a partir de los ya muy mermados recursos públicos no parece razonable, así que considerar a la banca de desarrollo, al sector financiero y a la propia sociedad civil ya es en sí un avance.