Abasto de gasolinas e inseguridad

Si usted vive en el Bajío, o en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo o Oaxaca, entre otras entidades, seguramente habrá notado en las últimas semanas que en algunas gasolinerías no hay producto para vender. Pero no es que México no tenga gasolinas ni diésel, es que este sector nomás no ve la suya.

Con la guerra en Irán, las importaciones de estos combustibles por parte de las empresas privadas bajaron alrededor de 30 por ciento entre febrero, previo al conflicto, y abril. Esto obligó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a incrementar en hasta 80 por ciento las suyas con la finalidad de tapar el hoyo. Bendita sea nuestra empresa del pueblo.

Sin embargo, se evidenció que en algunas zonas del país la logística simplemente no da para cubrir la demanda, pero no todo es volúmenes. Persiste el problema de la inseguridad que se ha enseñoreado de las carreteras del país. Los gasolineros ya no hallan a qué santo rezarle porque en los caminos asaltan a las pipas que van de un lado para el otro, con delitos desde el robo de las llantas –sí, se roban las llantas de los autotanques y semirremolques–, pasando obviamente por la toma del combustible y el robo del vehículo, hasta lo más grave que son agresiones físicas a los conductores o, incluso, quitarles la vida.

Nos comentan que desgraciadamente en muchos de los casos elementos de seguridad federales y/o locales están coludidos en estos ilícitos. Sume usted a esto el pacto “voluntario” de los gasolineros con el gobierno federal para mantener los topes de precios a la gasolina tipo Magna y al diésel que usted ya conoce. Cálculos del propio sector indican que, entre enero y mayo de este año, la rentabilidad de las gasolinerías ha caído en promedio un 31 por ciento. No solo es la “ganancia” del gasolinero, es que cada vez hay menos recursos para mantenimiento y otros gastos de operación.

Hasta hace unos días se libraba una guerra en Medio Oriente, pero al parecer, México continúa sufriendo sus propias batallas internas. Y todos pagamos por ello.

Tarifas eléctricas y refrescos

Poco más de la mitad de la capacidad total instalada en el país para la generación eléctrica a partir del viento se encuentra en centrales cuyos contratos se celebraron bajo la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), vigente hasta 2014, incluidos otros proyectos que entraron en operación en la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y, a su vez, sustituida por la Ley del Sector Eléctrico (LSE) de 2025.

Según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) que lleva Gerardo Pérez Guerra, de los más o menos 8 mil megawatts (MW) instalados actualmente, unos 4.5 mil MW estarían en esta situación y principalmente en la modalidad de autoabastecimiento, esa figura legal que tanto escozor provocaba al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que le robaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la tarifa de porteo de transmisión y porque tenían clientes –grandes consumidores– fuera de contrato.

Además, recientemente la Comisión Nacional de Energía (CNE) que lleva Juan Carlos Solís Ávila publicó la nueva metodología para el cálculo de las tarifas por el servicio de transmisión que presta la CFE y dio dos años a partir de octubre próximo de gracia para quienes tienen contratos que venzan después del 6 de octubre de 2028.

Pero quienes saben de estas cosas dicen que con la actualización de la tarifa de transmisión también se vendrá un incremento importante en el costo de la energía que venden algunos generadores a sus grandes clientes, entre ellos, refresqueras, telefónicas en modalidad celular y tiendas departamentales y minoristas.

La industria eólica está en proceso de analizar, entre otras cosas, el impacto del incremento en sus costos y, suponemos, en el traslado a sus clientes.

Así que, si en las próximas semanas de repente usted nota que su refresquito de preferencia cuesta más, algo debe haber en el tema energético. Ya veremos.

De dramas familiares a dramas institucionales

Mal terminó la semana pasada el gobierno federal con el asunto del ex director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien fuera captado en cámara en plena agresión hacia su compañera sentimental unas semanas después de haber sido nombrado como titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Al margen de la situación familar, que en sí ya es muy grave, fue notoria la reacción de la administración federal que, ante la crisis, lo primero que hizo fue tratar de negar la relación laboral con el ex titular de la petrolera.

“Se informa que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó.”, expuso la Secretaría de Energía, en su calidad de cabeza del sector energético del país, en un comunicado en relación con su nombramiento –o no–, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a mediados de mayo pasado.

Por información publicada en el portal oficial del INEEL, se asume que el doctor Rodríguez Padilla tomó posesión del cargo a principios de este junio, así que llevaba despachando unos 20 días, aunque, como se vio en el comunicado de la Sener, el nombramiento nunca se formalizó.

Todo lo anterior levantó críticas en medios de comunicación pero sobre todo en redes sociales –esas que no perdonan nada– por el inmediato deslinde institucional hacia el ex funcionario.

Se sabe bien de la amistad de mucho tiempo entre Rodríguez Padilla y la presidenta Sheinbaum, así como la afinidad ideológica entre ambos. Por ello, más que deslindarse, quizá habría sido mejor decir únicamente que el funcionario sería separado de su nuevo encargo y exponer las razones –queremos suponer– éticas, administrativas y, si fuera el caso, penales. Y ya.

Aquí cabe el dicho del viejo sabio: Quedas más mal tratando de quedar bien.