Advierten sobre riesgos de que Pemex y CFE no paguen ISR

La decisión de reclasificar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como “personas morales con fines no lucrativos” representaría menos recursos para las finanzas públicas del país, además de comprometer la transparencia en el gasto y la competitividad económica, consideraron analistas.

Mario di Costanzo, especialista en finanzas públicas, estimó que la nueva política fiscal para amabas empresas estatales, principalmente para Pemex, está más orientada hacia “rescatarla” que para beneficio a la Nación.

“Pemex deja de aportar a las finanzas públicas y deja de aportar a la Nación. ¿Para qué? Para salvar a la empresa. ¿Con qué objetivo? Pues, no lo sabemos”, cuestionó.

Para el experto, esta decisión equivale a convertir a la empresa en un “barril sin fondo”, en el que no existen mecanismos claros para evaluar su rentabilidad ni límites para seguirle inyectando recursos públicos.

“Pusimos al país y a las finanzas públicas a trabajar para Pemex como Pemex si fuera un programa social”, interpretó.

Con la reciente reforma constitucional, publicada el 31 de octubre de 2024, y a leyes secundarias en materia energética del 18 de marzo de 2025, Pemex y CFE pasaron del Título I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que obliga a las personas físicas y morales al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Título III, “Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos”, el cual indica qué personas morales, o empresas, quedan exentas del pago de esta obligación tributaria.

Cabe recordar que desde el sexenio anterior, la política energética busca la prevalencia de Pemex y CFE en los mercados energéticos del país, a la vez que ambas dejaran de ser “empresas productivas”, esto es, que generaran valor para el Estado mexicano, para convertirse en organismos públicos sin dicha obligación.

Recursos no percibidos

En 2024, Pemex pagó 1 millón 944 mil pesos por concepto del ISR, más otros 160 millones 837 mil pesos diferidos a diversos plazos, lo que da un monto total de 162 millones 782 mil pesos.

Por su parte, la CFE reportó 43 millones 463 mil pesos para el año pasado en ISR corriente, además de 133 millones 133 mil pesos diferidos, dando un total de 174 millones 953 mil pesos. Para este último monto se restaron poco más de 1 millón 600 mil pesos de pago de impuestos diferidos.

Así, entre las dos empresas, tan solo el año pasado pagaron 45 millones 407 mil pesos por este concepto, una cantidad que aumenta a 337 millones 735 mil pesos por el ISR diferido de ambas.

Una cifra similar sería lo que las finanzas públicas dejarían de percibir en un futuro por este cambio de régimen.

Al respecto, Di Costanzo advirtió que esta reforma ubica a Pemex como una empresa con un régimen fiscal preferente respecto al resto de la economía, lo que resta competitividad al sector energético y distorsiona la rendición de cuentas.

Renta para Pemex, no para la Nación

Uno de los puntos más preocupantes es el efecto directo que esta medida tendrá sobre el concepto de “renta petrolera”, entendida como la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales del país.

“La mayor parte de la renta petrolera se queda para una empresa, no para la Nación”, apuntó Di Costanzo.

Según sus estimaciones, esta concentración de recursos en manos de Pemex no solo impide que se destinen al desarrollo nacional, sino que, en los hechos, convierte a la empresa en receptora neta de apoyos públicos.

Otro punto crítico es la ausencia de contrapesos institucionales. Di Costanzo señaló que, al haberse modificado la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo no se marcaron mecanismos que condicionen los apoyos a metas de desempeño.

“Dejamos a una empresa a voluntad de lo que quiera el presidente en turno”, afirmó.

Esto, dijo, podría comprometer no solo el equilibrio fiscal, sino también la calificación crediticia soberana del país.

La mayoría de las calificadoras han mantenido una calificación crediticia baja para el país y han advertido sobre los riesgos que implica la situación financiera especialmente de Pemex para el soberano, aún cuando en sus últimos reportes, algunas han expresado su confianza en las políticas fiscales de la presidenta Sheinbaum.

Por otro lado, la situación no es mejor para CFE. Aunque menos mediática, su condición fiscal también genera alarma.

“La deuda de CFE con proveedores ya es de 167 mil millones de pesos. Los pasivos totales superan el medio billón. Va para allá [como Pemex], sin metas financieras claras ni exigencias desde el punto de vista fiscal”, advirtió Di Costanzo.

Por su parte, César Rivera de Jesús, investigador en transición energética del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recordó que la actual administración busca proveer a la población de insumos energéticos a los menores precios y tarifas posibles, pero esta política podría tener implicaciones en las finanzas públicas.

“Al final, ya no te riges como una empresa productiva en que tu objetivo primordial era tener un balance financiero positivo en lo que se pudiera dentro de la administración”, expresó.

Sin embargo, el investigador coincidió con Di Costanzo en que aún quedan por definirse los detalles en éste y otros asuntos de la regulación del sector.

“Todavía falta que se siga modificando la parte de los reglamentos de cada una de las empresas y tal vez haya [cambios en] algunos artículos del propio Fondo Mexicano del Petróleo y de la administración pública. Esos tendrían que mejorarse para que justo queden todavía mucho más claro ciertos puntos que no lo son del todo”, confió.

Por último, Di Costanzo advirtió sobre los riesgos de no tener claras las finanzas en el sector energético.

“El tener energéticos eficientes en materia de electricidad y en materia de hidrocarburos es una condición que te puede dar o quitar competitividad como país. Pemex se quedó con tu renta petrolera, no te aportó a las finanzas públicas y desgraciadamente le puede quitar competitividad al país”, concluyó.