Desestima SCJN inconstitucionalidad de reformas a la ley eléctrica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no declaró como inconstitucionales los cambios realizados a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovidos por el presidente de la República e impugnados por un grupo de senadores de oposición el año pasado.

Al no alcanzar la mayoría calificada que marca la ley, esto es, de 8 de 11 votos, la Corte no se pronunció por la inconstitucionalidad de las reformas, de manera que la LIE queda apegada a la Constitución mexicana.

El fiel de la balanza fueron el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, quienes votaron a favor de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se beneficie del despacho eléctrico, modificado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que pone en primer lugar a las plantas de generación propiedad de la CFE, relegando al último a las renovables sin considerar ni costos de producción de energía, ni impacto ambiental.

En abril de 2021, senadoras y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la LIE, aprobadas por el Congreso en febrero anterior, argumentando que los cambios atentaban contra el derecho humano a medio ambiente limpio.

También consideraron que las reformas violaban los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y retroactividad de la ley, además de atentar contra el libre mercado y las obligaciones adquiridas en el T-MEC y otros acuerdos internacionales.

De igual forma, socavaban la autonomía de los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace).

Durante la discusión llevada a cabo este día y que tuvo una duración de unas cinco horas, el ministro presidente Zaldívar y Gutiérrez Ortiz-Mena, además de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel, estas últimas incondicionales del presidente López Obrador, rechazaron que las disposiciones reformadas contravengan los principios de competencia y libre concurrencias, consagrados en la Constitución.

Sobre el punto de la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, 8 de los 11 ministros votó a favor de la constitucionalidad de la Ley. La ministra Loretta Ortiz señaló que esto no es viable, toda vez que la producción de energía que primero se subiría a la red es la de las hidroeléctricas, consideradas como energía limpia, y calificó como “positivo” que se otorguen los Certificados de Energía Limpia (CEL) a las centrales antiguas, al contrario del espíritu de la Ley de 2014 que indicaba que estos certificados solo se otorgarían a plantas construidas después de ese año.

En la sentencia emitida por la ministra Ortiz Ahlf, cuyo proyecto fue dado a conocer por Energía a Debate, se rechaza que los cambios a la Ley contravengan con los principios de libre competencia. Argumenta que las modificaciones establecen que las centrales públicas y privadas que tengan un tipo de contrato específico, tendrán la prioridad sobre el resto.

La SCJN también avaló con amplio margen que se terminen o renegocien los contratos entre la CFE y particulares cuando no haya rentabilidad para la empresa estatal, además de que prácticamente todos se pronunciaron por la revocación de permisos de autoabasto entre particulares cuando se detecte que hay “fraude a la ley”.

Quedan vigentes los amparos contra la LIE

Al no declarar como inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, la Suprema Corte deja el terreno fértil para que continúen su curso los amparos contra la misma y los que se puedan presentar más adelante, coincidieron expertos.

“Los amparos presentados contra la reforma a la LIE siguen su curso en los tribunales, quienes mantienen la libertad de resolverlos en el sentido que decidan”, expuso en un comunicado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Agregó que las decisiones de la Corte son independientes de los amparos pendientes en los tribunales, quienes mantienen la libertad de resolverlos en el sentido que decidan.

Al respecto, Javier Estrada, socio director de Analística Energética SC, coincidió en que estos mecanismos de protección pueden continuar, particularmente en el caso de las empresas de energías renovables.

“Los amparos existentes dependerán de cómo esté formulado cada uno de ellos”, dijo el especialista en temas energéticos para Energía a Debate.

Detalló que se resolverán muchos de ellos que se quejaban de una nacionalización, o de una competencia desleal por parte de la CFE y de sus bajos costos unitarios por la alta depreciación de sus plantas viejas, a pesar de su alto costo variable.

También de quienes se inconformaron por la curva de mérito de CFE para el despacho, o de la necesidad de que los contratos sean con garantía de entrega física, como lo estipuló la reforma a la Ley promovida por el jefe del Ejecutivo.

De la misma manera, tanto el IMCO bajo la dirección de Valeria Moy, como Estrada, vieron en el resultado de la discusión de hoy en la Suprema Corte que, al final de cuentas, que la constitucionalidad de la Ley reduce y afecta la competitividad en el sector, a la vez que mantiene el clima de incertidumbre jurídica para los inversionistas privados.

“Esta decisión reduce la competitividad del país al contribuir al deterioro del clima de inversión en México, reducir drásticamente las posibilidades de inversión privada en la generación eléctrica, poner en riesgo la existencia del mercado eléctrico y beneficiar a las centrales de generación más costosas y contaminantes en detrimento del medio ambiente”, dijo el Instituto.

Por su parte, Javier Estrada apuntó que, a partir de ahora, habrá nuevas incertidumbres para los privados porque será necesario realizar ajustes a la Ley ya modificada, lo que tomará tiempo en el proceso.

“Tendremos nuevas incertidumbres. Habrá una nueva LIE pero, antes, deberá corregirse la propuesta de Morena porque en algunos artículos los ministros votaron en contra; luego vendrá un nuevo Reglamento a esa LIE, y luego deberán adaptarse otras reglas y procedimientos”, dijo Estrada. “Eso llevará mucho tiempo”.

Entre tanto, añadió, estarán los amparos de los afectados; las bajas en inversión y en la certificación crediticia de la CFE. También resta por ver qué va a suceder con la CRE y el papel que deba jugar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ya que algo que fue muy criticado por los ministros es que la CFE volviera a verse como un monopolio de Estado y que, como tal, no estuviera sujeto a las reglas de competencia.