Comentarios sobre las nuevas reglas de generación distribuida, Parte 3

¿Bien intencionadas las DACG?

Dentro de toda la discusión que hay en el sector por los cambios de reglas en Generación Distribuida, creo que es necesario responder a esta pregunta.

Me han hecho la pregunta tres veces y es pertinente resolverla, más allá de lo técnico.

Primero que nada, ¿qué es bien intencionado?

Si la buena intención consiste en solo dejar las reglas abiertas a que se instale lo que sea, crezca la capacidad instalada y se llene el mercado mexicano de paneles solares, pues no. Las nuevas DACG no van por ahí.

Por otro lado, si se trata de cuidar el Sistema Eléctrico Nacional, de evitar que entre basura tecnológica al país, de evitar que haya pérdidas económicas en el suministrador, de mantener una red eléctrica saludable física y financieramente, pues parece que sí, las nuevas DACG son bien intencionadas.

Ahora, entre las buenas intenciones y la propuesta presentada hay muchos espacios de oportunidad y parece ser que se ignoraron incluso cosas que la ley prevé.

“Entre las buenas intenciones y la propuesta presentada hay muchos espacios de oportunidad”.

Por ejemplo, para intentar dar certeza a las instalaciones, se hace obligatoria la aprobación de un supervisor que esté certificado bajo el estándar de competencias EC 1181. Aquí hay un problema: el Estándar de competencias no es una figura con la personalidad jurídica de un supervisor por la CRE, por lo que debería entonces generarse esa figura con todas las implicaciones legales. Sin embargo, la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 68, fracción III, faculta a la CRE para autorizar unidades de inspección especializadas en Generación Distribuida.

En otras palabras, la CRE pudo haber generado las bases para la creación de estas unidades de inspección, posiblemente basándose en los términos del estándar de competencias 1181, o alguna versión enriquecida, que sea capaz de llevar a cabo las pruebas que las nuevas DACG exigen y así generar un mecanismo de garantía de las instalaciones.

Pero en lugar de eso, tomaron un estándar ajeno y lo ponen a firmar algo para lo que no está capacitado, para lo que se le solicita, sin que además se genere alguna responsabilidad o vinculo entre el supervisor, el dueño de la instalación y el instalador.

La intención me parece buena, la realización deficiente.

Uno de los problemas es que la forma de organizar la generación distribuida colectiva limita mucho los proyectos sociales. Y no de ahora, sino que el proyecto original de 2019 ya lo hacía, pero ahora empeora la situación al no permitirlo en media tensión. Me explico.

Este gobierno prometió atender a 4 millones de usuarios con techos solares o sistemas de generación eléctrica para que su factura fuera de cero, o mucho más barata. La idea es instalar esa misma cantidad de sistemas de generación. Pero el sistema comunitario aprovechaba economías de escala, hacía que en lugar de 250 sistemas de 2 kiloWatts con costos superiores al dólar por watt instalado, se instalara un sistema de 499.99 kilowatts, con costos menores a los 90 centavos por watt instalado. Eso le ahorraría millones de dólares y daría certeza al proyecto social.

Pero como se dan las nuevas DACG no se podría hacer en media tensión, además de que todos los usuarios tendrían que estar conectados al mismo punto, por lo que el número pasaría de 250 a un par de decenas, con lo que se mata la economía de escala.

De nuevo, una buena intención mal ejecutada, o mal comprendida por quienes la ejecutan.

Ahora. ¿Las disposiciones son contra el mercado y la Generación Distribuida?

La respuesta es NO.

Si bien a muchos nos gustaría una red inundada de paneles solares, solo con un sistema robusto, seguro y confiable es posible ver eso. Instalar paneles por doquier, sin reglas, no es viable y acabaría con el negocio en el mediano plazo.

Tener una red segura, confiable, limpia y con bajos costos es una responsabilidad compartida y es la única forma en que se asegura el futuro de este sector de largo plazo. Incrementar ligeramente los costos para tener una red segura es parte de las responsabilidades de compartir y mantener las redes de distribución que se convierten en un bien público que todos debemos de cuidar.

( Lea la segunda parte de esta entrega aquí )