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La Barra de Abogados de Nueva York expresó “serias preocupaciones” sobre las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en sus conferencias de prensa matutinas sobre el inicio de procesos de investigación contra jueces federales en México, al considerar que “interfieren indebidamente con la independencia del Poder Judicial en México”.
En una declaración emitida por el organismo que integra a más de 24 mil abogados y abogadas, el organismo recordó que el 19 de julio, el mandatario mexicano dijo que estaban investigando al juez Juan Pablo Gómez Fierro, por el caso Iberdrola.
“Estamos revisando cómo entregó el amparo para que la compañía no pague una multa de 10 mil millones de pesos”, dijo el presidente ese día.
La Barra de Abogados recordó además que en marzo de 2021, el presidente también pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, investigar a un juez federal por la decisión de suspender la validez de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
“En abril de 2021, el presidente criticó públicamente al mismo juez federal por otra decisión, sugiriendo corrupción. En este caso, el subsecretario de Seguridad Pública señaló que este juez es ‘utilizado por grupos de interés’, en referencia a los partidos de oposición”, mencionó la Barra de Abogados de la Gran Manzana.
El organismo estadounidense añade que después de que el presidente pidió que este juez fuera investigado, el Consejo de la Judicatura Federal abrió una investigación.
“El primero de mayo, el presidente de la Suprema Corte anunció que la investigación no había encontrado nada irregular. Sin embargo, el mismo día un periodista mexicano publicó un artículo sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el juez y los miembros de su familia”, añade.
Los Principios Básicos de la Organización de las Naciones Unidas en la Independencia del Poder Judicial establecen que “es deber de todas las instituciones gubernamentales y otras, respetar y observar la independencia del Poder Judicial” para asegurar que las cortes puedan decidir “los asuntos que se le presentan de forma imparcial, con base en los hechos y en concordancia con la ley, sin restricciones, influencias indebidas, incentivos, presiones, amenazas o interferencias directas o indirectas, por cualquier parte o razón”, señala la Barra de Abogados neoyorquina.
Al citar un segundo documento de estándares internacionales, el organismo judicial de Estados Unidos detalla que la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente los artículos 8 y 25, engloba el derecho a un juicio justo y protección judicial, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia que enfatiza la importancia de un sistema judicial independiente para garantizar el derecho a un juicio justo.
“Anunciar públicamente investigaciones contra jueces que han dictado sentencias en contra del gobierno viola estos estándares internacionales porque una conducta de este tipo demerita el respeto y la independencia del Poder Judicial e intimida a los jueces involucrados y los desalienta de realizar sus deberes judiciales de forma independiente”, condena la Barra neoyorquina.
Añade que sin importar la legalidad de la decisión de un juez o de una presunta mala conducta, si cualquier parte en un procedimiento ante un juez, incluso el gobierno, está en desacuerdo con una decisión, existen procesos legales para revertir o modificar una decisión.
“Es más, en caso de alegaciones creíbles de corrupción o mala conducta judicial, deben perseguirse canales apropiados y despolitizados, evitando amenazas públicas abiertas por otras ramas del gobierno”, dice la barra con base en los estatutos internacionales mencionados.
Por ello, la Barra de Abogados de Nueva York se sumó a los reclamos de las barras mexicanas y otros organismos judiciales al exigir a todas las partes que reconozcan la importancia de la independencia del Poder Judicial para el estado de Derecho.
“La Barra de Abogados de Nueva York urge al gobierno mexicano y a sus funcionarios electos respetar la independencia judicial de una manera consistente con el Derecho Internacional y los compromisos internacionales de México”, dice el organismo.
