El gobierno federal está metiendo velocidad al asunto de incluir a los privados en el sector energético y en menos de tres meses –vacaciones de Fin de Año incluidas–, se anunciaron los proyectos de desarrollo mixto en hidrocarburos y en electricidad.
La semana pasada, como usted seguramente se enteró, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, hicieron la presentación del nuevo esquema para proyectos eléctricos ante posibles inversionistas.
Uno podría pensar que no es más que darle la vuelta a la tortilla de los proyectos de inversión público-privada de la era neoliberal, pero no. En el nuevo planteamiento, el particular pone todo el dinero. Todo. Y el gobierno –en este caso, la CFE– pone… Bueno, pone en especie.
Aunque también está la posibilidad de que se acuda a deuda (…¿más?…) de la banca de desarrollo y comercial, fondos de inversión, mercado público de deuda y otros instrumentos. Pero, eso sí, el gobierno, fiel a su propósito, mantiene por lo menos el 54 por ciento del proyecto.
No obstante, eso no es lo más interesante. La secretaria González Escobar dejó en claro que para este esquema se garantiza la certeza jurídica.
Permítanos diferir. Para todos es sabido que en cualquier proyecto que involucra dos o más partes, siempre está el riesgo de un desacuerdo o controversia que, de no dirimirse, lleva a juzgados y tribunales. Aquí hablamos de un particular contra el Estado mexicano. Volvemos así al persistente tema de la reforma judicial que el partido dominante promovió y aprobó en septiembre de 2024. Por ejemplo, ¿cómo garantizar certeza jurídica cuando acabamos de ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratar de volver a abrir un caso ya juzgado de una televisora privada en una disputa con el Estado, contraviniendo por donde se le vea el principio jurídico de “cosa juzgada”?
Nosotros percibimos el reconocimiento de la industria energética a los esfuerzos de la actual administración por tratar de re-conciliar al sector público con el privado por el desarrollo del país y el bienestar de los mexicanos, pero mientras continúen los vicios heredados, las cosas se quedan a medias.
Y al final, la confianza se tiene, o no se tiene.
Altas esperanzas
Y retomemos los hidrocarburos. En Petróleos Mexicanos (Pemex) mantienen la meta de llegar a 1.8 millones de barriles diarios de producción de hidrocarburos líquidos al cierre del actual sexenio, cuando la tendencia es al revés.
El titular de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirma que esto se logrará con los trabajos de exploración y producción programados para los campos Zama, Trion y Maloob.
Sin embargo, la meta se antoja compleja. Cierto es que hay mejor relación entre este gobierno con el sector privado, que tiene en sus manos el desarrollo de dos de esos tres campos.
Pero también es cierto que Woodside Energy, la empresa que tiene la operación de Trion, acumula un avance de 50% del desarrollo en cuatro años. En este mismo sentido, la Agencia Internacional de Energía estimó que el campo alcanzaría su pico de producción por allá de 2028, con un monto estimado de 100 mil a 120 mil barriles diarios, mientras que Zama podría llegar a aportar hasta 180 mil barriles por día en 2029, es decir, con estos dos campos, en 2029 podría haber 300 mil barriles diarios adicionales.
Lo anterior podría significar que para 2030 la producción de hidrocarburos líquidos esté incluso por encima de la meta y coquetee con 1.9 millones de barriles.
Esto claro, siempre y cuando la empresa logre estabilizar la producción de aquí a esas fechas en 1.63 millones de barriles que cerró el año pasado.
La realidad es que en los últimos dos años, la producción de hidrocarburos líquidos ha caído casi 13 por ciento. ¿Será que Pemex pueda mantener la producción de aquí a tres años?
Mexicanos, a mantener a Pemex
Decía la abuela que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Nosotros agregaríamos que tampoco las finanzas públicas, ya que tarde o temprano se sabe cómo se manejaron.
Resulta que el año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Édgar Amador Zamora recibió menos recursos de la empresa de todos los mexicanos, Pemex, de lo que la dependencia le dio en “apoyos”. Nada más una diferencia de 150 mil millones de pesos.
En un análisis realizado por México Evalúa sobre el erario del ejercicio 2025, como resultado de los vaivenes de dinero en que consiste la administración pública, al final los mexicanos entregamos a Pemex un total de 396 mil millones de pesos, pero la petrolera nos devolvió solo 240 mil millones. Esto significó una diferencia de 62.5 por ciento más con respecto a lo aportado por la empresa estatal.
Sobre ello, el organismo de Mariana Campos apuntó: “Por primera vez en un cierre anual, la ciudadanía terminó subsidiando a la petrolera”.
Desde 2018, el gobierno federal ha insistido en que Pemex debía dejar de ser una empresa productiva, esto es, ser una generadora de recursos para el Estado, para el país. En vez de ello, ahora es un organismo público como cualquier dependencia de gobierno a la que usted acude a hacer un trámite, pero sin la obligación de generar riqueza alguna.
Es como quien se gasta el presupuesto familiar en reparaciones del viejo automóvil del abuelo, ahí arrumbado en la cochera, sin quedar claro para qué, ni para cuándo. Y sin dinero.
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