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El saneamiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa consolidándose como una de las presiones fiscales más severas para las finanzas públicas del país.
Entre 2019 y 2026, la estrategia gubernamental orientada al rescate de la petrolera ha implicado un gasto superior a los 2.7 billones de pesos, un monto que, al ser absorbido por el balance federal para amortiguar los pasivos de la empresa, ha limitado el margen de gasto de inversión productiva y restado aproximadamente 0.5 puntos porcentuales de crecimiento anual al Producto Interno Bruto (PIB).
El viraje en la condición financiera de la petrolera estatal se remonta al declive de Cantarell durante la primera década del Siglo XXI. Desde entonces, la pérdida de liquidez, la acumulación de deuda financiera y el retraso en el pago a proveedores transformaron a Pemex de motor de los ingresos fiscales a un receptor neto de apoyos del Gobierno Federal.
Bajo la política instaurada en la Cuarta Transformación, el modelo de financiamiento a la empresa pública ha priorizado la inyección directa de recursos para sostener su operación y compromisos de deuda.
De acuerdo con un análisis elaborado por Banco BASE con base en cuentas públicas y estados financieros, los apoyos efectivos y verificables otorgados a la petrolera —que integran aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y asunción de obligaciones— alcanzaron 2.43 billones de pesos en el periodo analizado.
De esta cifra, 1.78 billones correspondieron a transferencias efectuadas entre 2019 y 2025, a los cuales se suman 263.5 mil millones de pesos aprobados para el ejercicio 2026. Al integrar la pérdida de recaudación derivada de la reducción progresiva a la tasa del Derecho por Utilidad Compartida (DUC), la cifra total asciende a 2.75 billones de pesos.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE, señala que la asignación de este volumen de capital ha generado un costo de oportunidad directo para el desarrollo económico de México, pues si ese dinero se hubiera destinado a inversión productiva, el PIB de cada año hubiera sido 0.5 puntos porcentuales más grande.
Con base en este cálculo, en el acumulado entre 2019 y 2026, el crecimiento potencial perdido acumula cuatro puntos porcentuales.
El impacto se refleja en el promedio de crecimiento del PIB registrado entre 2019 y 2026, el cual se ubica en 0.96% anual, considerando la proyección de consenso del Banco de México que sitúa el avance del presente ejercicio en 1.3%.
Durante el sexenio anterior, cerca de un billón de pesos provenientes de la recaudación tributaria fue transferido a Pemex como aportación patrimonial. De dicho monto, aproximadamente el 63% se destinó al pago de vencimientos de deuda, mientras que el 37% restante se asignó a proyectos de infraestructura, entre los que destacan la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y la reactivación de plantas de fertilizantes.
Esta dinámica se mantuvo en 2025, año en que la empresa reportó un incremento de 395,000 millones de pesos en certificados de aportación para apuntalar su liquidez.
La IP exige condicionalidad y transparencia en el Paquete Económico 2027
Ante la inminente entrega de la Propuesta de Paquete Económico para el ejercicio 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, el sector privado ha intensificado llamados a revisar la asignación presupuestal destinada a las Empresas Productivas del Estado.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) plantea que el respaldo federal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe estar sujeto a métricas de desempeño, eficiencia operativa y planes estructurales de saneamiento.
El presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, sostiene que el margen fiscal del país exige eliminar gastos de bajo impacto y frenar las transferencias automáticas sin evaluación de rentabilidad social o económica.
Desde la perspectiva del organismo patronal, si bien se reconoce el carácter estratégico de Pemex, la continuidad en la asignación de recursos públicos sin compromisos claros de transparencia y reestructuración compromete la disponibilidad de presupuesto para otras prioridades del desarrollo nacional.
