Prevén lluvia de amparos, pese al amago presidencial

Redacción / Energía a Debate

Se prevé una lluvia de amparos –serían más de 100, según fuentes del sector– en los próximos días contra los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica decretados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el Presidente ha dicho que irá a la Suprema Corte de Justicia para defender esos cambios y ha amenazado con promover una revisión del proceder de los jueces que otorguen la suspensión de esas modificaciones a la ley.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro puso en suspenso la entrada en vigor del decreto presidencial al dictar, el jueves pasado, la suspensión provisional de algunos artículos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica bajo el criterio jurídico de que la libre concurrencia, la libre competencia y el medio ambiente sano son garantías constitucionales.

A su vez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que representa al Poder Judicial de la Federación, enfatizó que “su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal investigar al juez Gómez Fierro.

En ese contexto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, argumentó que los “jueces federales del país actúan con independencia y autonomía”. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el ministro Zaldívar respondió que “el Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, indicó el ministro presidente.

Por su parte, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió este fin de semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los litigios y emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial para decidir sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con miras a frenar lo que podría ser una persecución del presidente López Obrador contra los jueces y evitar daños al país por un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización.