Redacción / Energía a Debate
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) colocó en el portal de anteproyectos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una propuesta de Acuerdo por el que modifica las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléctrica o suministro eléctrico, publicadas el 17 de abril de 2017.
El Acuerdo, publicado este jueves, propone restringir la posibilidad de que nuevos centros de carga, instalados después de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) -es decir, el 12 de agosto de 2014-, sean incluidos dentro de permisos de autoabastecimiento o cogeneración otorgados previamente al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
También plantea limitar la posibilidad de que permisionarios de autoabastecimiento y cogeneración den de alta a nuevos centros de carga como parte de la sociedad de autoabastecimiento respectiva, a sólo aquellos casos en los que se haya contemplado dicha posibilidad dentro de los planes de expansión presentados y aprobados por la CRE.
Según la visión de la CRE, la inclusión de nuevos centros de carga no originalmente contemplados al momento de solicitar el permiso respectivo “desvirtuó la naturaleza y objeto de dichos permisos, pues permitió que bajo esta figura se generara un régimen especial, que lejos de estar encaminado a la satisfacción de las necesidades propias de dichos permisionarios, estableció condiciones de ventaja frente a otros permisionarios que compiten en el esquema de mercado previsto en la LIE”.
Fuentes del sector opinan que la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor crearían incertidumbre, violarían el debido proceso y generaría cuestionamientos sobre su legalidad, ya que se estaría estar modificando retroactivamente la situación jurídica de permisionarios que operan bajo las figuras de cogeneración y autoabastecimiento.
La CRE prevé que el Acuerdo estará exento del proceso de mejora regulatoria.