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Este martes se realizó la primera sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que propone declarar inválidas una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales contra la Ley de la Industria Eléctrica.
De acuerdo con José María Lujambio, abogado especialista del sector energético, la primera sesión “nos dejó sin una película muy clara de cómo se van a integrar las mayorías”.
En la ponencia, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, señaló que la reforma presentada en 2021 se puede resumir en cuatro áreas: la modificación del orden de despacho eléctrico; modificación de los Certificados de Energía Limpia; la modificación de los contratos legados y la revisión de los contratos de Productores Independientes de Energía.
En el proyecto, abundó, se establecen como consideraciones previas los antecedentes del Sistema Eléctrico Nacional, el marco constitucional; las obligaciones con perspectiva de derechos humanos de la planeación y control del sistema, al tiempo que desarrolla la fiscalización del acceso a la energía eléctrico como un derecho humano y una explicación del funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
Además, la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos deben ser considerados como instrumentos vivos que ameritan una interpretación evolutiva, dijo la Ministra Ortiz.
“Se destaca que en el derecho comparado existen legislaciones que reconocen la electricidad como un derecho humano así como la calidad de personas electrodependientes”, comentó la ministra Ortiz Ahlf.
En entrevista con Energía a Debate, José María Lujambio mencionó que en el primer tema, que era la introducción de la ministra Ortiz y que se refiere al orden de despacho eléctrico, “está claro que hay por lo menos seis ministros totalmente en contra de las premisas de las que parte”.
“De entrada, esa es una buena señal para quienes consideramos que esta ley es violatoria a la constitución”, dijo.
Sin embargo, aclaró que la discusión que tuvo lugar hoy apunta a que habrá varios puntos resolutivos como parte del proceso de sentencia. Esto implica que cada apartado tendrá un punto resolutivo particular.
El tema principal de la reforma, aclara Lujambio, es el orden de despacho de la energía.
“Lo que se decida en este tema va a ser el corazón de la decisión de la Corte, pero habrá votaciones específicas para discutir si el resto de los temas son constitucionales, y ahí, a lo mejor hay resultados un poco diferentes”, mencionó.
Para el especialista, cada tema lleva un análisis y argumentación propia, como son los mecanismos para otorgar los Certificados de Energía Limpia (CEL), o bien, la cancelación de los contratos de los Productores Independientes de Energía.
“En una sola sentencia puede haber diferentes resultados específicos en cada tema. No tenemos elementos suficientes, se inclina la balanza hacia rechazar los proyectos de la ministra Ortiz, pero es muy pronto. Necesitamos ver qué dicen los otros ocho ministros, sobre todo, en el tema del orden de despacho”, aclara Lujambio.
Escenario complejo
La discusión de la Corte sobre los recursos legales ocurre mientras el Gobierno Federal recibió una carta en la que la Embajadora Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advierte sobre los riesgos que generan los cambios regulatorios en México contra la inversiones estadounidenses en el sector, que ascienden a un estimado de 10 mil millones de dólares.
Sin embargo, estos elementos no deben intervenir en la decisión de la Corte, dice Lujambio.
“Los ministros no tendrían que hacer absolutamente ningún caso a presiones ni del Gobierno de Estados Unidos ni del sector empresarial ni, por supuesto, del Gobierno Federal, no tendrían que ser elementos que nublaran el juicio ni sesgaran los argumentos que cada uno de los ministros ha estado estudiando y exponiendo”, aseguró el especialista.
El próximo jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá una segunda sesión para seguir la discusión sobre los proyectos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
En este sentido, José María Lujambio insistió en que puede haber puntos resolutivos mixtos, donde la Corte haga ajustes sobre los artículos que considera válidos y otros que considere inconstitucionales.
“La sentencia de la Suprema Corte se publicaría en el Diario Oficial de la Federación y de esa manera, todos los interesados sabrían que determinado artículo de la ley ya no es válido, porque la Corte ya lo declaró inválido y cuál sí será modificado”, aclaró el abogado especialista en el sector energético.
Lujambio mencionó que una vez que se publique la sentencia, la decisión de la Corte será final y las empresas solo podrían reclamar a través de mecanismos de solución de controversias basados en los tratados internacionales de protección de inversiones, que no se limita al T-MEC, y dependerá del país de origen de la empresa que reclama.
