Error, asumir que el precio del gas LP se determine por decreto: AIGLP

Uno de los errores más graves en la política de contención de los precios del gas licuado de petróleo (gas LP) es asumir que su precio puede determinarse al interior del país por decreto, sentenció la Asociación Iberoamericana de Gas LP (AIGLP).

Al pronunciarse en torno a esta medida por parte del gobierno de México, vigente desde 2021, para contener el alza en el precio del gas doméstico para venta al público, la Asociación explicó que este energético es, en realidad, un commodity global, cuyo valor está determinado por variables de oferta y demanda internacionales, costos logísticos, volatilidad del petróleo crudo, tasas de cambio y restricciones geopolíticas, entre otros factores.

“Fijar un precio artificialmente bajo, sin considerar esas variables, equivale a obligar a los actores del sector a operar con pérdidas permanentes. Tal distorsión expulsa a las empresas formales del mercado, reduce la inversión, afecta el mantenimiento y renovación de infraestructura, y aumenta el riesgo de desabasto o accidentes operativos”, advirtió.

Impactos negativos del precio tope

La organización internacional también enlistó otros impactos negativos que se han suscitado a raíz de la aplicación de la medida, que ha reducido a prácticamente la mitad los recursos que reciben las plantas de distribución del país en promedio.

Entre estos impactos mencionó el incentivo al crecimiento del mercado ilegal, con bandas dedicadas al robo y distribución clandestina de combustibles, conocido como huachigas.

“Este fenómeno no solo representa pérdidas fiscales, sino también riesgos de seguridad para la población”, comentó.

De igual forma, denunció que se ha congelado la posibilidad de modernizar la infraestructura logística, toda vez que las empresas no pueden invertir en nuevos cilindros, vehículos de reparto, equipos de medición o plantas más eficientes.

Esto, dijo, compromete la seguridad operativa a mediano plazo, genera cuellos de botella logísticos y limita la posibilidad de introducir tecnologías más limpias o modelos de economía circular en el sector.

Ecuación rota

La AIGLP recordó que el sector en México recorre más de 60 millones de kilómetros al mes para garantizar el suministro nacional del gas LP. Esta operación masiva implica costos elevados en combustible, mantenimiento vehicular, salarios, seguros y cumplimiento normativo. Al respecto, subrayó que, cuando el precio final está distorsionado, esta ecuación se rompe.

“De acuerdo con principios económicos básicos, si el precio de un bien no cubre sus costos marginales y fijos, no hay forma de garantizar su provisión en el largo plazo. Además, el GLP, al ser un bien inelástico en el corto plazo, responde poco a reducciones de precio artificiales en cuanto a consumo, pero sí genera pérdidas acumulativas para los proveedores”, expuso.

Por un modelo regulatorio inteligente

La Asociación, presidida por el brasileño Aurelio Antonio Mendes Ferreira, consideró que la solución para la industria no radica en eliminar por completo la regulación, sino en crear un modelo regulatorio inteligente que combine protección al consumidor con viabilidad operativa.

Por ello, el organismo planteó algunas propuestas que desde su perspectiva podrían discutirse:

• Establecer bandas de precios móviles, ajustadas periódicamente con base en indicadores internacionales;
• Introducir subsidios focalizados para consumidores vulnerables, en lugar de transferencias implícitas a través del control general de precios;
• Promover esquemas de inversión público-privados para modernizar la infraestructura logística y tecnológica;
• Fortalecer los mecanismos de control contra el huachigas y garantizar la seguridad jurídica para los actores formales.

Para la AIGLP el gas doméstico es más que un combustible, es un conector social, una fuente de empleo y una base de bienestar para millones de hogares mexicanos.

“Preservar su abasto seguro, eficiente y competitivo requiere una política pública basada en datos, economía y diálogo”, concluyó.