Lograr una descarbonización en sectores como energía, transporte, minería e industria requiere no sólo de los esfuerzos de empresas, sino de que el gobierno impulse políticas públicas de reducción de gases de efecto invernadero y subsidios que ayuden al financiamiento de dichas estrategias, coincidieron especialistas.
Al participar en el Foro Latam NetZero, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Alfonso Carrillo, director del Observatorio de la Industria de la Construcción, explicó que a pesar de que existe una mayor consciencia por parte de los miembros de la industria por reducir sus gases de efecto invernadero, la participación del gobierno es necesaria.
Sobre ello, recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 no existen partidas que incentiven esta inversión “verde” que son necesarios para lograr los objetivos que se tienen para 2030 y 2050.
Sobre ello, Emmanuel Moctezuma, Business Development Sr. Manager de Energy Storage enumeró los objetivos que México debe de cumplir como parte de los Acuerdos de París y agenda 2030 de la ONU para reducir la emisión de gases, así como la descarbonización en procesos industriales.
Moctezuma refirió que las metas se enfocan en sectores como la electricidad y energía. Para el sector eléctrico, detalló, la meta para 2030 es reducir 64 millones de toneladas de emisiones de CO2, para lo cual dijo que se tiene que trabajar en un marco regulatorio por parte del gobierno que ayude a cumplirlo.
En tanto, para el sector petrolero, la meta es reducir 25 millones de toneladas para 2030 en procesos de refinación y procesamiento de gas.
Riesgos para empresas que no impulsen medidas sustentables
Al evaluar los riesgos que representa para los diversos sectores el no contar con medidas de descarbonización, María José Treviño, Country Manager de Acclaim Energy Mexico destacó que el principal riesgo es que las compañías no puedan tener acceso a condiciones de financiamiento en los mercados o que éste sea en condiciones menos favorables.
Otro de los riesgos es el regulatorio, es decir, que sean objeto de impuestos o aranceles a sus diversos productos.
“También se debe de tomar en cuenta que una empresa puede perder competitividad, por no invertir en tecnologías que a su vez les promuevan ahorros en sus procesos. Sabemos que el cambio climático provoca un impacto colectivo”, dijo.
Respecto a ello, Alfonso Carrillo, director del Observatorio de la Industria de la Construcción, urgió que se implementen incentivos para las empresas que implementan acciones de descarbonización.
Tales como: la reducción del impuesto predial, incentivos fiscales o subsidios a quienes impulsen el uso de paneles solares, y otros elementos en favor de la energía fotovoltáica o reducción del agua.