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La nueva Ley del Sector Hidrocarburos (LSH) y su Reglamento han generado temor en el sector ante una supuesta vía a la expropiación de contratos o a la asociación forzada con PEMEX. Esta inquietud se concentra en el artículo Cuarto Transitorio de la LSH y el Vigésimo Quinto del Reglamento. Sin embargo, un análisis jurídico integral permite concluir que esta interpretación es equivocada; en lugar de una amenaza, estas disposiciones constituyen una solución estratégica a un vacío legal, diseñada para facilitar asociaciones voluntarias y reactivar proyectos.
La preocupación emana, básicamente, de la redacción del artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Reglamento, que faculta a la SENER y a la SHCP a emitir lineamientos para “sustituir la modalidad de Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos por la de Asignación”. Leído de forma aislada, efectivamente podría interpretarse como un poder unilateral del Estado para transferir un contrato privado a PEMEX.
No obstante, esta lectura omite un problema fundamental: hasta ahora, dentro del nuevo marco legal energético, no existe un mecanismo seguro para que un contratista privado se asocie voluntariamente con PEMEX en un proyecto del cual ya sea titular. El camino teórico resulta inviable, pues exige al privado renunciar a su contrato y someterse a un largo y riesgoso proceso de reasignación y posterior licitación sin ninguna garantía de éxito. Este vacío desincentiva alianzas que podrían ser beneficiosas para los privados y para el Estado.
Los artículos transitorios en cuestión, entonces, no son un instrumento de expropiación, sino los cimientos de una solución pragmática. El artículo Cuarto Transitorio de la LSH abrogó las bases de licitación que dieron origen a los contratos actuales, es decir, aquellas que contenían los requisitos originales para los aspirantes. La función estratégica de este transitorio no es anular derechos adquiridos (que además están protegidos por el Décimo Transitorio de la misma ley), sino eliminar la rigidez de las condiciones originales.
“Los artículos transitorios en cuestión, entonces, no son un instrumento de expropiación, sino los cimientos de una solución pragmática”.
Al derogar los requisitos de adjudicación de hace una década, se abre la puerta para que, en una futura cesión o migración de un contrato, las autoridades puedan imponer nuevas condiciones (técnicas, financieras, de garantías, etc.) acordes a la realidad actual del proyecto. Esto convierte una transferencia en una oportunidad para modernizar el contrato y hacerlo económicamente viable para una nueva asociación.
Por otro lado, el artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Reglamento funciona como una norma habilitante. Su texto no faculta a ejecutar la sustitución de un contrato, sino a “emitir disposiciones de carácter general que establezcan los lineamientos y procedimientos”. Es decir, crea la facultad para regular el proceso de migración voluntaria, no para imponerlo. Juntos, estos transitorios preparan el terreno para un procedimiento ordenado que brinde la certeza jurídica de la que hoy se carece.
La motivación detrás de esta arquitectura legal es pragmática, pues muchos contratos originales se han vuelto económicamente inviables. Este nuevo mecanismo de migración voluntaria crea un escenario donde todas las partes podrían ganar:
- El Contratista: Obtiene una vía para renegociar los términos del proyecto, haciéndolo rentable en sociedad con PEMEX.
- PEMEX: Se asocia en proyectos donde el riesgo exploratorio ya fue asumido por un privado.
- El Estado: Cumple el objetivo explícito del transitorio: “incrementa la renta petrolera” al reactivar proyectos y “fortalece a la empresa pública del Estado”.
Conclusión
El análisis indica que se está ante una jugada regulatoria estratégica, no ante una amenaza. Estos artículos resuelven un problema real al crear un puente para que los contratos puedan evolucionar hacia asociaciones voluntarias y productivas. En lugar de temer una expropiación, el sector debería anticipar con interés la publicación de los lineamientos específicos que detallarán este nuevo procedimiento, pues ahí residirá la verdadera oportunidad para optimizar inversiones y aumentar la producción nacional.
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