La propuesta del presidente de la República que plantea regresar las atribuciones de los organismos autónomos, como los órganos reguladores coordinados en materia energética, a las dependencias de la Administración Pública solo es un pretexto para debilitar los contrapesos al Poder Ejecutivo, consideró México Evalúa.
“La pretensión final es concentrar más atribuciones, evitar los controles que ejercen los organismos independientes y trasladar un proyecto político a las esferas que actualmente son protegidas por estos órganos”, expuso esta tarde.
La organización no gubernamental bajo la presidencia de Luis Rubio analizó algunas de las iniciativas de reforma constitucional que remitió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero.
El objetivo del análisis es determinar la efectividad de estas iniciativas como política pública en el marco del desarrollo político, social y económico del país, explicó.
En cuanto a los órganos reguladores del sector energético, como la CNH y la CRE, además de la Cofece, el INAI, el ITF, el Coneval y la Mejoredu, México Evalúa recordó que la iniciativa presidencial plantea que estos organismos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal, además de ser los destinatarios de cuantiosos recursos del presupuesto.
Al respecto, la organización de la sociedad civil precisó que el gasto total de esos siete organismos representó en 2022 tan solo el 0.07 por ciento del gasto total del sector público y el 0.1 por ciento de su gasto programable.
Energía e internet
En su análisis, México Evalúa también advirtió que la propuesta para modificar el texto de la Constitución con respecto a las industrias estratégicas, como la energética y del internet, para favorecer a las empresas estatales, podría crear un ambiente desfavorable para la participación del sector privado en la economía.
“Por descontado, se añade incertidumbre respecto del cumplimiento de México de los términos estipulados en múltiples tratados comerciales”, añadió.
El documento de México Evalúa también analiza las propuestas de modificación constitucional en materia de justicia penal; la Guardia Nacional; régimen de pensiones, y la atención médica integral universal.