En 2023, 13 estados del país, así como la Ciudad de México, cuentan con al menos un tipo de impuesto ecológico, de las cuales cuatro implementaron esta figura entre 2022 y 2023, señaló la calificadora internacional, Moody’s, aunque señala que el impacto será gradual.
Estos impuestos, precisa, abarcan desde la emisión de gases a la atmósfera hasta la remediación ambiental por actividades extractivas o contaminantes, y han implicado modificaciones al marco fiscal e institucional en el sector que permitirá a los estados mejorar sus condiciones ambientales de manera gradual, incluso con un impacto limitado en el corto y mediano plazo.
La empresa dice que los impuestos ambientales implementados a nivel local están por debajo de los referentes internacionales, lo cual es un reflejo de la estrategia de implementación paulatina adoptada por la mayoría de los estados.
Además, algunos estados mexicanos ofrecen estímulos a los agentes contaminantes que logran reducir sus emisiones, permitiéndoles limitar su carga impositiva.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado que el precio por tonelada de carbono habría que incrementar a nivel global a 120 euros, lo que representa aproximadamente dos mil 400 pesos para alcanzar los niveles de decarbonización necesarios antes de 2050, recordó la agencia.
Además de la política de tarifas, la aplicación de nuevos impuestos resulta ser compleja en un inicio ya que requiere entre otros aspectos, una base completa de contribuyentes y mecanismos de medición y cobro eficientes.
En general, la mayoría de los estados mexicanos que cuentan con impuestos ambientales proyectan en sus leyes de ingresos que la recaudación de estos gravámenes en 2023 será menor a 0.5 por ciento de los ingresos totales, y algunos estados han creados nuevos impuestos ecológicos pero todavía no han empezado a aplicarlos.