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En el periodo comprendido entre 2019 y el tercer trimestre de 2022, la inversión en el sector energético acumuló apenas dos mil 800 millones de dólares, lo que se compara con una inversión de 10 mil millones de dólares en el lapso integrado entre 2014 y 2018, posterior a la Reforma Energética de 2013, pero anterior al inicio del sexenio, señala la Organización México Evalúa en la segunda entrega de su compendio de estudios titulado El Sextante.
Estos datos representan una disminución de 72 por ciento en la llegada de inversiones para el sector energético durante este sexenio.
De acuerdo con el estudio Competencia económica y transición energética II. Disfuncionalidad y contracción productiva como subproductos de la contrarreforma energética, elaborado por Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la organización, la incertidumbre y el freno por parte de los reguladores para el trámite de permisos está entre las principales causas del detrimento en la inversión.
El gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una contrarreforma al sector en 2019, a través de distintas medidas implementadas por las autoridades del sector, con el objetivo de disminuir la participación de las empresas privadas, señala el documento.
Entre las primeras medidas se impulsaron cambios a procesos y términos administrativos sin cumplir con los controles de calidad establecidos, con la colaboración de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
“Con ello se forzó, sin modificar las leyes, la dinámica del sector energético, al tiempo que presuntamente se transgredieron derechos adquiridos por las empresas privadas, por lo que se abrió la posibilidad para los afectados de recurrir a las impugnaciones judiciales correspondientes, bajo el marco jurídico mexicano”, detalló el documento de Ana Lilia Moreno.
Estas disposiciones, que incluyen la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; otras fueron incorporadas a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021.
“No obstante, aquéllas que directamente logran complicar, frenar o detener los trámites relacionados con la expedición de permisos, licencias o autorizaciones a las inversiones privadas han seguido su camino, en línea con los objetivos de la política energética vigente”, mencionó.
Entre 2019 y 2022, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó un total de 213 permisos relacionados con el sector eléctrico, mientras que entre 2016 y 2018 fueron 56 permisos los que corrieron esa suerte.
“Asimismo, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, encontramos que entre 2019 y septiembre de 2022 la CRE autorizó favorablemente 100 permisos para actividades de generación y suministro eléctrico, de un total de 554, es decir, menos de 20 por ciento”, dice el estudio.
Además, a diciembre de 2022, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el sistema eléctrico tuvo una inyección de energía limpia de 26.76 por ciento, inferior al 30 por ciento comprometido por México ante el mundo.
En sentido contrario, abunda el documento de México Evalúa, la CFE obtiene “oportunamente, casi de forma exprés, los permisos que solicita de parte de la CRE”.
“La Asociación de Distribuidores y Comercializadores de Energía ha advertido que el retraso en el otorgamiento de licencias y permisos puede provocar que los plazos de espera para el sector privado alcancen los cuatro años, con la posibilidad de que simplemente no se obtengan. Esta dilación e incertidumbre evidentemente afecta a los negocios, los cuales deben pagar costos fijos mientras pasa el tiempo de espera, cuestión muy crítica en tiempos en los que el país compite con otros por nuevas inversiones que demandan energía”, detalla el documento.
Todos estos factores han generado una disminución en la inversión en el sector energético nacional.
El documento señala que “el éxito de la reforma eléctrica de 2013 se reflejó en una mayor concurrencia y competencia en el mercado, a partir de los flujos de inversión observados”.
Entre 2014 y 2018, la inversión acumulada en el sector energético alcanzó 10 mil millones de dólares, mientras que desde 2019 hasta el primer trimestre de 2022, la inversión acumulada cayó a dos mil 800 millones de dólares.
Esto llevó a México Evalúa a “inferir que 65 por ciento del total de la inversión que el país atrajo es acreditable a la reforma energética. Otra forma de verlo: entre 2018 y 2022, la disminución de la inversión fue de 91 por ciento”, advierte el organismo.
