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Si bien la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entregó más de 500 permisos el año pasado, y podría alcanzar una cifra similar este año, el órgano de gobierno seguirá arrastrando las autorizaciones rezagadas de años anteriores, coincidieron analistas del sector hidrocarburos.
Durante la mesa CRE: Más dura o cumpliendo su papel, realizada durante la “Semana del Combustible”, Santiago Arroyo, CEO de Ursus Energy, comentó que el año que entra el ciclo electoral podría interrumpir los avances de la CRE en materia de otorgamiento de permisos.
“Es muy probable que en el ánimo ideológico en medio de las campañas políticas que están por iniciar, se retomen las banderas nacionalistas (…) Lamentablemente, un organismo técnico como es la CRE, muy probablemente sea utilizado desde un punto de vista político y electoral”, comentó.
De acuerdo con Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en México Evalúa, de 2016 a la fecha el otorgamiento de permisos en materia de petrolíferos se ha reducido 57 por ciento.
“La política energética de este sector presenta una una restricción importante en materia de desarrollo de los proyectos empresariales. Sobre todo hoy en día, estamos también frente al TMEC, y la disputa energética que todavía no cuaja y no se ve hacia donde va, pues plantea muchas incógnitas”, dijo.
La especialista añadió que en 2020, el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señalaron que existía un mercado para abrir al menos cinco mil estaciones de servicio adicionales en el país, pero el avance se ha limitado a 500 por año, a lo que se suma la transición hacia la electromovilidad, lo apunta a una “caducidad” para esta cifra.
La especialista coincide en que la CRE ha sido un instrumento de uso político, pues otorga el privilegio a la marca Pemex para darle una mayor participación en el mercado. “Desde el punto de vista de la competencia económica no es muy positivo”, comentó.
“Si la CRE va a depender de los ciclos electorales, dependerá de las preferencias de quien esté en el poder y eso abona a la incertidumbre”, dijo.
En su intervención, Daniela Suárez, directora del Departamento Jurídico de GRUPO CIITA, aseguró que los protocolos que sigue la CRE son poco ortodoxos, lo que abona a la incertidumbre regulatoria para el sector.
“No se tiene certidumbre jurídica sobre los proyectos que ellos mismos están aprobando. Nos hace pensar que no existe el trabajo de pre-pleno, que no están llegando a acuerdos y que incluso los proyectos no están siendo estudiados técnicamente para su aprobación”, comentó.
