La eficiencia energética puede no ser objetivo superior de la política pública. Sus impactos sí.

Muchas veces he expresado que “la eficiencia energética, per se, no sirve para nada”. Por supuesto, lo hago por resaltar algo que se entiende mejor: lo que se libera o resuelve cuando un equipo o un sistema requiere de menos energía para dar el mismo nivel de servicio energético.

Para empezar, está su valor en la política social, con la que se busca que la población de menores ingresos disponga de los servicios energéticos que le permiten una vida cómoda y saludable (como iluminación, refrigeración, confort térmico o agua potable) al menor costo posible, y que su ingreso le alcance para esos propósitos. Por ejemplo, un análisis hecho hace algunos años por la CONUEE mostró que la mejora en la eficiencia energética de enseres domésticos por las NOM de eficiencia energética se reflejó en una clara reducción, del año 2004 al 2016, del porcentaje de ingreso que los hogares destinan al pago de factura energética, aun cuando aumentó su equipamiento, en particular entre las familias de menores ingresos.

Existe, por supuesto, un subsidio a la electricidad que aísla a la mayoría de las familias del costo real de producirla (que llega a ser tres veces mayor por kWh), pero que es cubierto por la hacienda pública. Es allí donde se debería hacer la pregunta: ¿Cuesta más a la hacienda pública, en el mediano y largo plazo, subsidiar el consumo, o subsidiar el costo de una inversión que lo reduce? En este sentido, en CONUEE se hizo un estudio donde se estimó que si la hacienda pública subsidiase el costo adicional de cumplir la NOM de eficiencia energética para viviendas (la NOM-020-ENER), recuperaría su inversión en tres años, pero con beneficios (para los ocupantes y la hacienda pública) que permanecen por décadas.

“¿Cuesta más a la hacienda pública, en el mediano y largo plazo, subsidiar el consumo, o subsidiar el costo de una inversión que lo reduce?”

También presiona el presupuesto público la necesidad de mantener y ampliar la infraestructura energética en un país donde la inversión proviene del erario. En el caso de la electricidad, esto implica no solo construir y operar nuevas plantas de generación, sino también fortalecer las redes de transmisión y distribución. Como hace ya algunos años se demostró con un programa mayor de eficiencia energética en iluminación residencial en Guadalajara y Monterrey (ILUMEX), la eficiencia energética permite reducir presión sobre las redes eléctricas y el sistema en general en las horas de mayor demanda, que es cuando se pone a prueba a este sistema.

Por supuesto, está el tema de la protección ambiental, en un país en el que más del ochenta por ciento de la producción de energía viene de combustibles fósiles que, para convertirse en servicios energéticos, tienen que ser quemados, produciendo todo tipo de gases (incluyendo los de efecto invernadero), además de consumir grandes cantidades de agua para sus ciclos termodinámicos. Un informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estimó en 9 % la reducción de gases de efecto invernadero del sector de la energía por las NOM de eficiencia energética.

Regresando a la población, la carencia de confort térmico en regiones de clima cálido trae consigo impactos a su salud, lo que tiene un costo para las propias familias y el sistema de salud pública y que, en episodios de calor extremo, puede ser exigido más allá de sus capacidades. Mejorar la envolvente de las viviendas no solo reduce significativamente la necesidad de energía, sino que también mejora las condiciones para un mayor confort térmico.

En fin, que ahorrar energía tiene muchos impactos que deberían sumarse para dar una mayor importancia respecto de la que actualmente se le da a este tipo de acciones. Sin embargo, basta ver lo poco que se dedica a programas de eficiencia energética en el presupuesto nacional, comparado a lo que se dedica a subsidios al consumo e inversiones en infraestructura, para poder decir que es un tema que, pese a sus múltiples y comprobados beneficios, no pesa en la política pública.

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