La Cámara Nórdica de Comercio en México hizo un llamado para que se realice una “profunda y exhaustiva” reflexión sobre los cambios que en materia jurídica se llevan a cabo, ya que la certeza jurídica es condición crucial para la permanencia de las empresas en el país.
“En nuestra función de promotores del fortalecimiento de los lazos comerciales entre México y las empresas nórdicas, hacemos votos por una profunda y exhaustiva reflexión sobre cualquier cambio que pueda afectar la certidumbre jurídica en el país, como condición crucial para el mantenimiento y atracción de inversiones a largo plazo”, expresaron este martes.
En un comunicado de prensa, la Cámara, que agrupa a empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, se pronunció igualmente por el Estado de Derecho para mantener la confianza de los inversionistas.
“La estabilidad, previsibilidad y el respeto al Estado de Derecho son pilares irreemplazables para el crecimiento económico y la confianza de las inversiones internacionales de calidad”, agregó.
El pronunciamiento de este organismo empresarial se da hoy, cuando la Legislatura LXVI entrante está discutiendo en la Cámara de Diputados las reformas al Poder Judicial que, como punto central, pretende que jueces y magistrados sean electos por voto popular y no impone ningún requisito mínimo de edad ni de experiencia profesional.
“Creemos firmemente que, con un entorno jurídico estable y profesionalizado, podemos seguir contribuyendo positivamente al desarrollo económico sostenible de nuestra patria y la región. Reiteramos nuestra mejor y mayor disposición para colaborar en un diálogo constructivo que fortalezca el Estado de Derecho que garantice la certeza jurídica en México”, añadió la Cámara.
ICC México recomienda al Congreso actuar con cautela
Por su parte, la International Chamber of Commerce Capítulo México (ICCM) se sumó a este llamado y recomendó actuar con cautela, ya que advirtió que la reforma al Poder Judicial podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano.
“México, como Estado soberano, ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras”, recordó el organismo bajo el mando de Claus von Wobeser.
En el mismo sentido, alertó que la incertidumbre jurídica derivada de una politización del Poder Judicial generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano.
También exhortó al Poder Legislativo a considerar las recomendaciones emitidas por la Visitadora Especial de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, en abril de 2024, así como a observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera, con el fin de que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional y, por ende, de condenas económicas contra México.
Nearshoring, comprometido
La ICCM dijo igualmente que México vive un momento clave con el fenómeno del “nearshoring”, que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales, pero previó que esta coyuntura podría verse comprometida si no se garantiza la estabilidad y certidumbre jurídica necesarias para los inversionistas.
“En los términos en que está redactada la propuesta de reforma al Poder Judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros genera incentivos negativos que podrían repercutir en la politización de su función o en la injerencia de terceros. Asimismo, las muy amplias facultades del Tribunal de Disciplina generan incertidumbre jurídica y el riesgo de que, por temor u otras razones, las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio al resolver los casos”, agregó.