Mexicanos serán los principales afectados por la reforma constitucional en energía de AMLO: IMCO

De aprobarse la reforma constitucional en materia de energía del presidente Andrés Manuel López Obrador, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación.

Asimismo, deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma, y enfrentar las consecuencias de ser un país con menores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.

“Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional”, expuso este viernes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Dijo que la iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, como lo plantea la iniciativa presidencial, favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano y desmantelar la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual.

El Instituto explicó que la iniciativa retoma elementos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en marzo de 2021 –actualmente suspendida por litigios en el Poder Judicial–, pero aseguró que esto va aún más allá al eliminar a los órganos reguladores y al operador del MEM para incorporarlos a la estructura de la CFE.

“De aprobarse, la reforma convertiría a la CFE tanto en regulador sectorial como operador del sistema, a la vez que se mantiene como un participante del mercado. En otras palabras, la empresa tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen”, advirtió el organismo que dirige Valeria Moy.

También consideró que al establecer un umbral de forma arbitraria para que la CFE mantenga una determinada participación en la generación eléctrica significa un retroceso para la eficiencia de la empresa al obligarla a generar energía más costosa que la producida por sus contrapartes privadas.

“Fortalecer a la CFE pasa por reconocer que la empresa no tiene los recursos para ser el único jugador en todos los eslabones de la cadena de valor de la electricidad –generación, transmisión, distribución y comercialización– y priorizar aquellos segmentos que le generan mayor rentabilidad, como sus monopolios legales en transmisión y distribución eléctrica y su negocio de compraventa de combustibles”, subrayó.

Por ello, el IMCO concluyó que la iniciativa, en lugar de fortalecer a la empresa, la debilita al obligarla a realizar actividades en las que pierde recursos.

Entre las consecuencias que el Instituto prevé como resultado de la posible aprobación de la propuesta presidencia, está el hecho de que la CFE genera energía a costos hasta 252% mayores al sector privado, por lo que la medida se traducirá en mayores precios de electricidad absorbidos por los consumidores y/o mayores subsidios a las tarifas eléctricas por parte del Gobierno federal, con las correspondientes afectaciones para las finanzas públicas que esto implica.

En 2020, citó, la generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por megawatt-hora, mientras que el costo promedio de la producida por CFE fue de 1,413 pesos.

Además, la propia CFE incurrirá en costos adicionales para la construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas. Por su parte, la cancelación de los permisos de generación afectará la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.

La reforma también revierte la separación horizontal y vertical de la CFE, es decir, desaparecerán las empresas productivas subsidiarias y a las empresas filiales de la CFE, con excepción de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Capital, CFEnergía y CFE Internacional.

Esto implica que la CFE se reconstituye como el único actor que puede comprar (monopsonio) y suministrar (monopolio) energía, lo cual elimina las posibilidades de competencia en el mercado de generación. “Así, adquiere un poder de discriminación hacia los privados en las actividades de transmisión y distribución eléctrica y reduce las opciones para los consumidores”.

Con la eliminación de los Certificados de Energía Limpia (CEL), desaparece el principal incentivo para expandir la capacidad instalada renovable en México, con la cual la CFE no cuenta para aumentar la participación de las energías limpias en la medida que el país lo requiera. “Sin ellos, se vuelve inviable que México cumpla con su compromiso en materia de transición energética de generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 plasmado en el Acuerdo de París”.

En cuanto a la absorción del Centro Nacional de Control de la Energía a la CFE, el IMCO el retorno a un esquema en que la Comisión decide las compras y el precio de la energía a generadores privados con un amplio margen de discrecionalidad.

Respecto al litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano, el organismo no gubernamental apuntó que monopolizar la explotación del mismo reduce las posibilidades de desarrollo tecnológico al cerrar la puerta a la iniciativa privada y la innovación tecnológica.

“En un contexto de recuperación económica, la apuesta de México debe ser por incrementar la competencia y la inversión. Esta iniciativa eleva los costos de la energía eléctrica y limita las libertades de los ciudadanos, daña el medio ambiente al apostar por los combustibles fósiles, y desincentiva las inversiones al cancelar los permisos de generación privados de forma retroactiva. Todo ello en detrimento del Estado de derecho y de la competitividad del sector y del país”, resumió.

Por ello, dijo que el debate parlamentario deberá estar fundamentado en datos y evidencia, con la participación de todas las partes involucradas. De aprobarse, esta iniciativa elimina la posibilidad de aspirar a tarifas competitivas y energía limpia para los hogares y el sector productivo y representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo.