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Petróleos Mexicanos fue el principal beneficiario de los estímulos fiscales que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año pasado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en las gasolinas y el diésel, aseguró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En el estudio Estímulos fiscales sobre el IEPS a combustibles: Implicaciones recaudatorias, el centro de estudios estimó que el año pasado la renuncia recaudatoria por estos incentivos fiscales fue de 397 mil 298 millones de pesos, equivalente a 10.4 por ciento de los ingresos tributarios.
El CIEP aclara que la cifra no integra los gastos fiscales provocados por el descuento al IEPS en otros conceptos recaudatorios como el IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
“Asimismo, Pemex ha sido uno de los principales beneficiarios de está política”, detalla el organismo.
El organismo precisa que las devoluciones fiscales por IEPS a combustibles son capturadas, principalmente por la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza.
Además, 31 por ciento de los ingresos petroleros excedentes no se transfirieron al Fondo Mexicano del Petróleo a lo que se suma que hay gastos fiscales no reportados en otros conceptos tributarios que pudieron haber sido acreditados por parte de Pemex u otros contribuyentes.
El CIEP recordó que el año pasado, México fue el país con la menor inflación observada en los energéticos, al ubicarse en 5.3 por ciento, situación que va acorde con el objetivo de los incentivos fiscales; sin embargo, la inflación en alimentos fue de 13.3 por ciento, mientras que el dato general para 2022 fue de 7.9 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Sin atribuir causalidad a la medida fiscal sobre los resultados inflacionarios, el gasto fiscal identificado para incidir en la inflación de combustibles (397 mil 298 mdp) es equivalente a 10.4 por ciento de los ingresos tributarios observados en 2022 o a 47.8 por ciento y 162.5 por ciento del gasto reportado en la función educación o la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, respectivamente”, dice el CIEP.
En este sentido, el CIEP invitó a establecer un debate sobre el costo de oportunidad para disminuir el precio de los energéticos contra otras medidas de protección ante los procesos inflacionarios, como las transferencias de dinero a grupos vulnerables.También pidió ampliar la discusión pública sobre la relación costo-efectividad de los incentivos fiscales a combustibles considerando los posibles efectos inflacionarios, gastos fiscales y programas de protección social financiados por los ingresos excedentes.
