Pendiente, la co-inversión indígena en proyectos energéticos: SENER

El gobierno federal continúa analizando el esquema por el cual comunidades indígenas y afrodescendientes podrán participar como socias en los proyectos de infraestructura energética, reveló Rafael Fonseca Chávez, director general de Impacto Social, Consulta Previa y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener).

“Desafortunadamente no lo pusimos en los Reglamentos ni en las Leyes. Es una discusión que estamos llevando internamente desde la concepción de las leyes”, compartió.

Cabe recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2025/2030 plantea, como parte de sus diez ejes principales, la prosperidad compartida, entendida como promover que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se beneficien en la misma medida de los proyectos de infraestructura que se desarrollen en sus tierras y terrenos.

En este sentido, la política de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, busca que estas comunidades puedan asociarse con las empresas que desarrollen dichos proyectos.

Sin embargo, la forma en cómo regular estas asociaciones está aún en discusión al interior de la Sener, según reveló Fonseca Chávez.

“Hay gente que sabe colgarse bien de los reductos de las leyes”, expresó el funcionario.

En México no hay co-inversión indigena

Al participar en el 15 Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, llevado a cabo esta semana en la Ciudad de México, Rafael Fonseca refirió que actualmente no existen proyectos en el país en los cuales haya una verdadera co-inversión entre una comunidad indigena y un proyecto de energía.

“Hay algunos casos que, la verdad, no están padres en donde la participación de la comunidad es prácticamente nula. Es un chiste, es nada más para decir que lo estás haciendo, pero hay otros casos en el mundo en donde si hay una verdadera asociación en la que comparten riesgos y también las ganancias”, añadió.

Comunidades, al centro de los proyectos

Por su parte, Héctor Garza Cervera, socio administrador en CIIJA, recordó que con la reciente reforma al Artículo 2 de la Constitución, se reconoce la autonomía jurídica de los pueblos originarios y las comunidades.

“La autoridad indígena tiene el mismo rango que la presidenta de la República”, dijo el especialista y agregó que esto permite que puedan celebrar convenios y contratos con empresas y organismos.

Según datos expuestos por Garza Cervera, en México existen 70 pueblos indígenas más el pueblo afromexicano, que engloban, respectivamente, 23 millones de personas que se autodenominan como indígenas y otros 2.5 millones como afrodescendientes.

“Una cuarta parte del país es indígena”, añadió y aclaró que prácticamente todos los proyectos de infraestructura tocan alguna parte de los territorios de estos pueblos.

Con la nueva regulación, adelantó, se definirá la forma en que se repartan los beneficios justos y equitativos.