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México ha puesto su soberanía energética en dos empresas estatales que tienen deudas millonarias, con infraestructura obsoleta y con problemas operativos, además de que ese concepto se maneja solo en el discurso político sin una definición clara, coincidieron analistas del sector.
“Desgraciadamente México tiene metida la soberanía energética en dos empresas, Pemex y CFE, que presentan deudas millonarias, infraestructura cada vez más vieja y con muchos problemas operativos”, expresó Abril Moreno, directora general de Energía a Debate.
Durante su participación en el IV Foro de Energía, organizado por la Universidad Anáhuac, campus Norte, Moreno explicó que solo cuando los gobiernos deciden introducir el tema de energía en el discurso político, lo hacen utilizando el concepto “soberanía energética”.
En el panel, que llevó como título “Seguridad energética y Seguridad nacional”, coincidió con los demás ponentes en que la definición de dicho concepto no se encuentra en ningún documento.
En este punto, la directora consideró que en realidad implica una “autarquía” que supone un sistema económico en el que una nación se establece con sus propios recursos, evitando o eliminando las importaciones y, por consiguiente, es autosuficiente.
Abril Moreno compartió la mesa con Gustavo Eduardo Ordóñez, especialista en Defensa y Seguridad Interior, y Javier Estrada Estrada, director de la firma de consultoría Analítica Energética SC, fungiendo como moderador Javier Zenteno Barrios, socio director de ZLM Abogados.
En la mesa se discutió y se presentaron diversas definiciones, criterios e interpretaciones acerca de los conceptos de seguridad nacional y seguridad energética, ambos manejados por la presente administración federal y con los cuales ha justificado sus políticas públicas en materia de energía.
En este tema, Gustavo Eduardo Ordóñez refirió que en la legislación actual ambos términos se mencionan en al menos cuatro disposiciones jurídicas relativas al sector energético, como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera, pero en ninguna de ellas hay una definición clara de qué o por qué algo se considera de seguridad nacional o energética, o los cómos.
En su momento, Javier Estrada señaló que cuando se habla de la seguridad energética, se hace acerca de disponibilidad física de los suministros y también que la falta de certidumbre en su abasto a mediano y largo plazos tiene efectos negativos sobre la economía y los usuarios.
Asimismo, presentó una definición de seguridad energética como:
“La disponibilidad de energía utilizable de suministros, en el punto de consumo final, a precios económicos y en cantidades y oportunidad suficientes para que, considerando la eficiencia energética, el desarrollo económico y social de un país no se vea limitado materialmente”.
De esa definición encontró cinco dimensiones que abarcan la vulnerabilidad, resiliencia, riesgos, soluciones de corto y largo plazo, y los casos que caen en el ámbito de la Seguridad Nacional.
De ellos, Estrada destacó la vulnerabilidad que contempla varios factores, entre ellos, desabasto de energéticos, insuficiencia para cubrir la demanda, aumento de las importaciones creando dependencia del exterior, nula capacidad para enfrentar la escasez, deficiente calidad en los productos y servicios, alto costo de los energéticos que limita la competitividad y limitada capacidad de inversión, entre varios más.
En opinión de Ordóñez, por su lado, uno de los factores a resaltar es el de la seguridad en las instalaciones energéticas, un punto que podría motivar la introducción de la seguridad energética / seguridad nacional.
“En México, nuestro principal problema es la vulnerabilidad de nuestra compañía nacional por el robo de gasolina”, explicó.
Citó que desde el inicio de la actual administración hasta octubre de 2022, Petróleos Mexicanos ha tenido pérdidas por un valor de 2 mil 646 millones de pesos por la extracción ilícita de combustibles en sus ductos, el llamado “huachicol”.
“El robo es lo que afecta la infraestructura y es lo que hace que se justifique el concepto de seguridad nacional para preservar la seguridad energética como la propiedad de la nación”, concluyó.
En el mismo sentido, también refirió que hay más de 44 mil tomas ilegales solamente de oleoductos, mientras que del primer semestre del 2022, comparado con el mismo periodo del 2021, hay 1,401 tomas ilegales de gas licuado de petróleo (gas LP), contra las 1,217 tomas que hubo el año pasado.
Los tres panelistas coincidieron también en que no puede haber seguridad energética sin un marco regulatorio claro, sin olvidar que en este aspecto también debe haber un cuidado de cumplimiento de acuerdos internacionales, así como de medidas dirigidas a evitar el calentamiento global.
