Pulverizará amparos la reforma eléctrica de AMLO: Regulados

La reforma constitucional en materia eléctrica pulverizará todos los amparos que las empresas privadas han interpuesto contra la actual política energética del gobierno federal en el momento en que se emitan las nuevas leyes secundarias.

“Es el efecto pulverizador de todos los amparos”, dijo Carlos Alberto Vallejo Galván, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE).

El abogado especialista en energía recordó que los artículos octavo y noveno transitorios de la iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución ordenan la derogación de todas las disposiciones que se opongan a dichas modificaciones.

De igual forma, se establece un periodo de 180 días naturales contando a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que el Congreso de la Unión realice todas las adecuaciones necesarias para hacer efectivas las nuevas disposiciones constitucionales.

Vallejo Galván comentó a Energía a Debate que seguramente la iniciativa de reformas, enviada a la Cámara de Diputados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de septiembre, quedará aprobada por ambas cámaras antes de que concluya el presente periodo de sesiones, es decir, el próximo 15 de diciembre.

Por lo tanto, en el primer semestre del 2022 veremos la discusión sobre las leyes secundarias y reglamentos para adecuarlos al nuevo marco constitucional. Una vez que concluya este proceso, se verán anulados los amparos.

“Ahí será, entonces, cuando precisamente, al momento de ya emitirse esa legislación secundaria, se vengan abajo o se termine completamente con los efectos de las suspensiones que se hayan otorgado, ya sea en la materia de electricidad, o en la materia de hidrocarburos”, afirmó el representante legal de la Asociación.

Detalló que la iniciativa del presidente López Obrador mandata que los órganos reguladores del sector, como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), serán absorbidos por la Sener.

Por tanto, añadió, se tendrán que reformar la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley del Servicio Pública de Energía Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, entre otras.

Desde el año pasado, empresas privadas han interpuesto juicios de amparo contra las diversas disposiciones que el gobierno federal ha emitido, dirigidas principalmente a reforzar la participación de las empresas públicas del sector energético y, al mismo tiempo, ir acotando cada vez más la de los privados, incluso contraviniendo los principios de competencia, libre concurrencia y no discriminación en el mercado energético.

De acuerdo con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a la fecha se encuentran en manos del Poder Judicial unos 1,300 casos relacionados con el sector eléctrico, más otros 350 relativos a los hidrocarburos.

El 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía (Sener) emitió el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, cuyo propósito era limitar la participación de las energías renovables privadas en el sistema, bajo pretexto de la contingencia por la pandemia del coronavirus.

En el mismo sentido, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) había publicado el 29 de abril del mismo año el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, básicamente por el mismo motivo.

Ante la lluvia de demandas de amparo por parte de la industria, ambas disposiciones fueron suspendidas por los jueces primero y segundo de distrito en materia Administrativa, especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Lo mismo sucedió con una serie de Acuerdos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las reformas propuestas por el presidente López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos (10 de marzo y 4 de mayo de 2021, respectivamente).

Vallejo Galván también previó que las modificaciones constitucionales implicarán un enorme trabajo de reingeniería administrativa y del sector público, toda vez que se modificará la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Sener, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre muchas otras más. “Viene un cambio administrativo muy fuerte”, finalizó.