Los cambios propuestos por el gobierno federal en materia eléctrica pondrán en riesgo las finanzas de las empresas privadas que generan electricidad en el país y limitarán las inversiones futuras en el sector, al tiempo que el sistema podría quedarse sin energía suficiente a partir de 2024, advierte la calificadora Fitch Ratings.
En el análisis Reforma Eléctrica es Negativa para Centrales de Generación Privadas, la calificadora señala que si se aprueba la iniciativa para poder sostener el nivel de generación de electricidad requerido, la empresa liderada por Manuel tendría que desarrollar proyectos a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda del país.
“Si la iniciativa es aprobada, Fitch cree que la capacidad del sistema sería presionada a partir de 2024, y que la participación privada será necesaria para ejecutar los proyectos de generación nuevos requeridos. Es posible que se requieran incrementos en las tarifas eléctricas de los usuarios finales y/o subsidios gubernamentales adicionales para cubrir los costos operativos incrementales de CFE”, señala el documento.
La iniciativa, retoma Fitch, pretende limitar a 46 por ciento la participación del sector privado en de generación, y sólo podría venderse por la CFE, a través de contratos bilaterales.
Actualmente, 60 por ciento de la electricidad del país proviene de generadores privados, principalmente de centrales eficientes de gas y de energía renovable, que expondría a las centrales eléctricas en el sistema a riesgo de despacho.
En este escenario, advierte Fitch, la CFE podría establecer precios de electricidad sustentados en contratos sustancialmente menores que los actuales, lo que podría erosionar significativamente los ingresos de las centrales eléctricas privadas.
Estas condiciones generarán incertidumbre en los niveles de producción y en los precios de la electricidad, al tiempo que podría provocar flujos de efectivo más volátiles.
“En consecuencia, se complicarían las emisiones de deuda a largo plazo. Incluso, podría ser necesario reestructurar la deuda actual en base a los términos de los contratos nuevos, y los emisores podrían ser impactados por el aumento en los costos de la deuda”, comenta la calificadora.
Además, advierte que con la iniciativa será poco probable que se renueve la figura de autoabasto, y es posible que desaparezca el Mercado Eléctrico Mayorista, lo que limitaría las fuentes de ingresos del sector privado.
“El flujo de efectivo podría resultar insuficiente para cumplir con los rendimientos de inversión requeridos por los inversionistas del capital. En caso que los proyectos terminen declarándose en quiebra, los acreedores tomarían posesión de los proyectos”, advierte Fitch.
Finalmente, la calificadora señala que la iniciativa puede debilitar todavía más el Estado de derecho en México y desalentar las inversiones privadas futuras en el sector, al tiempo que prevé acciones de los generadores privados para recibir una compensación monetaria y proteger sus inversiones e incluso impugnar la ley en tribunales de arbitraje internacional, por parte de generadores con los que México tenga tratados de libre comercio, como Estados Unidos, Canadá, las 27 naciones pertenecientes a la Unión Europea y hasta del sureste asiático.
Sin embargo, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró en conferencia de prensa que México no va a indemnizar a las empresas internacionales a las que les cancele los contratos.
Además, por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el país tiene una muy buena relación con Estados Unidos y “no tenemos ningún tipo de denuncia, protesta, ni por la cuestión eléctrica ni por la política petrolera. Son muy respetuosos de nuestra soberanía”.