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La calificadora internacional Fitch Ratings advirtió que la iniciativa de Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal no reducirá la dependencia de México hacia el gas natural proveniente principalmente de Estados Unidos.
En la presentación Qué quieren saber los inversionistas: La Reforma Eléctrica Mexicana, especialistas de la agencia señalaron que si se aprueba la propuesta, el país no reducirá su dependencia del gas natural para la generación de energía.
De acuerdo con datos presentados por Fitch Ratings, 60 por ciento de la electricidad en el país es generada por plantas que utilizan el gas natural como principal combustible.
En este sentido, la agencia espera que este porcentaje se mantenga al alza, mientras se construyen en el país nuevos gasoductos y plantas de ciclo combinado.
La Comisión Federal de Electricidad anunció el año pasado cinco licitaciones para construir seis centrales de ciclo combinado, de las cuáles cuatro se ubicarán en las dos penínsulas que tiene el país, y que tienen un déficit de generación de energía.
Las seis plantas que buscó licitar la empresa liderada por Manuel Bartlett se ubicarían en Baja California Sur; González Ortega, Baja California; Tuxpan, Veracruz; San Luis Río Colorado, Sonora; así como en Valladolid, y Mérida, en Yucatán.
De acuerdo con las estimaciones de la empresa productiva del Estado, estas plantas aportarían cuatro mil 322 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que representa aproximadamente seis por ciento de la capacidad actual del país.
Según lo proyectado por la CFE, la inversión estimada es de 36 mil 400 millones de pesos.
La misma empresa aseguró que las nuevas plantas estarían funcionando antes de que concluya 2024.
Hasta el momento, la CFE no ha publicado los fallos de las licitaciones, que se debieron concluir en enero de este año.
Sin embargo, la empresa aseguró que sí se presentarán los fallos, pero no ha dado una fecha definitiva.
Además, en conjunto con Sempra Infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad firmó un Acuerdo de Entendimiento para desarrollar el proyecto Vista Pacícifo LNG, una terminal de licuefacción de gas natural en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.
En el acuerdo no vinculante también se incluyó el desarrollo de una planta de regasificación del combustible en La Paz, Baja California Sur, así como la reanudación de la operación del gasoducto que va de Guaymas, en Sonora, a El Oro, en Sinaloa.
En este sentido, Fitch recordó que más de 75 por ciento de la demanda de gas natural que entra al país proviene de Estados Unidos.
“La insuficiencia de producción e instalaciones de almacenamiento en México expone al país a potenciales desabastos de gas, fluctuaciones en su precio y en el tipo de cambio”, advirtió la calificadora internacional.
CFE, sin capacidad suficiente
Además, la calificadora internacional adelantó que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad para abastecer las necesidades del país por sí misma.
La iniciativa de reforma, establece que la CFE se quedará con al menos 54 por ciento de la generación de energía del país.
De acuerdo con el Programa Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), la demanda de energía del país crecerá 3.2 por ciento anual, al menos hasta 2035, lo que equivale a 480 Gigawatts anuales.
La calificadora estima que el sector eléctrico nacional necesitará aproximadamente de 10 mil millones anuales de inversión al menos por los próximos 15 años.
En este sentido, el Plan de Negocios de la CFE para los próximos cinco años incorpora inversiones por 29 mil millones de dólares, poco más de la mitad de las necesidades que prevé Fitch Ratings.
“La mala planificación de estas inversiones podría resultar en apagones, altas tarifas de congestión, pérdidas de energía y aumentos en los precios de la electricidad a medida que crece la demanda”, advierte el documento.
Sin embargo, la agencia no prevé que la reforma se apruebe con la redacción actual, aunque no descarta la posibilidad de que se apruebe una legislación con cambios.
“Una reforma Constitucional elimina la posibilidad de que medidas cautelares de entidades privadas detengan los efectos de la reforma como en episodios anteriores. Los inversionistas extranjeros con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio establecidos probablemente iniciarán demandas de arbitraje”, advierte la calificadora, que además estima que el gobierno reintroduzca la discusión sobre la reforma hasta finales de este año.
