El actual proyecto de reforma al Poder Judicial contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas, conocido como nearshoring, advirtió este jueves Empresas Globales.
En un comunicado emitido hoy, el Consejo de Empresas Globales de México alertó igualmente que estas reformas podrían incumplir con las obligaciones del país previstas en los tratados comerciales que ha firmado con distintos países, incluido el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
En ellos, explicó, México ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables.
“La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, expuso el organismo.
Este mismo jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar, también advirtió que la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa un riesgo para la democracia en el país, así como para la relación comercial con la Unión americana.
“Creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”, expresó el diplomático en un boletín de prensa.
Preocupación de inversionistas canadienses
Esta tarde, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, transmitió la preocupación de los inversionistas de su país por las reformas judiciales lopezobradoristas.
“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, afirmó Clark a la agencia de noticias EFE.
La reforma al Poder Judicial promovida por López Obrador y que será votada este viernes por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, consiste principalmente en que los jueces y magistrados sean electos mediante un voto popular.
Los aspirantes a los cargos serán elegidos mediante el mecanismo comúnmente llamado “tómbola” y deberán hacer campaña entre la ciudadanía, como cualquier candidato a un puesto de elección popular.
Las Empresas Globales de México, por tanto, advirtieron de los riesgos que esto podría traer.
- La independencia de la judicatura para que los jueces resuelvan los asuntos con imparcialidad y sin intromisiones indebidas.
- El establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas.
- El respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos.
- Que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión.
- Un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de Derecho.
- Directrices claras a las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes que puedan comprometer la impartición de justicia.