Energía A Debate

Ulises Juárez / Energía a Debate

Ante los amparos interpuestos por empresas privadas contra las reformas a la Ley de Hidrocarburos, podría venir una reforma constitucional en la materia y contra eso no habría forma de ampararse, advirtió Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Sigue prevaleciendo –en mi opinión– el principio de la supremacía de la Constitución”, dijo la doctora en Derecho. “Es difícil que proceda un amparo contra una reforma constitucional”, subrayó.

El pasado 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos”, una serie de modificaciones promovidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que motivó solicitudes de juicio de amparo por parte de empresas privadas.

Sin embargo, en su exposición “Análisis del Decreto de la Reforma Energética”, organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados la tarde de ayer, la ministra planteó las posibilidades que tienen las empresas privadas para protegerse del decreto.

Destacó el hecho de que la nueva ley en sí misma no es retroactiva al exigir en su artículo 51 el requisito de contar previamente con capacidad de almacenamiento de hidrocarburos para poder obtener el permiso para operar, un requerimiento que no existía antes de la reforma de López Obrador.

En su opinión, tampoco el artículo mencionado es retroactivo, sino el artículo cuarto transitorio, ya que exige este requisito a los permisionarios que ya operaban previo a que la disposición entrara en vigor.

“El artículo 51 que adiciona el nuevo requisito de almacenamiento no es retroactivo en sí mismo, sino son los transitorios los que son retroactivos al determinar que se pueden revocar los permisos que, al entrar en vigor el decreto, no cumplan con un requisito que antes no existía, como es el del almacenamiento”, expuso Luna Ramos.

“Los inconstitucionales con los transitorios”, dijo en referencia al cuarto y sexto que van en este sentido.

Por ello, estimó que es muy fácil impugnarlos y tener una sentencia favorable por parte del Poder Judicial, toda vez que viola el principio de derechos adquiridos.

“El problema que se presenta de un derecho que está en mi patrimonio, un derecho que yo cumplí cuando obtuve el permiso”, insistió.

La ministra coincidió con otros especialistas que aseguran que la administración del presidente López Obrador busca desmantelar la reforma energética de 2013 que promovía la apertura del sector energético a la participación de empresas privadas, dejando atrás el modelo de los monopolios estatales.

“Hay un cambio radical de lo que implicó en el espíritu de las leyes”, indicó. “Parece que a través de las leyes quieren desmembrar lo que se hizo en 2013”.

Por ello, asentó que mientras no haya un cambio en el texto constitucional, es fácil impugnar las reformas a la Ley de Hidrocarburos. “Las posibilidades de éxito son muchas”.

Cabe recordar que las reformas realizadas también recientemente a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscan inhibir la participación privada en las actividades de generación de energía, desataron una serie de solicitudes de juicio de amparo.

Ante ello, el presidente López Obrador aseguró el lunes de esta semana que buscará realizar una reforma constitucional en ese subsector.

La ponencia de la ministra Luna Ramos fue organizada de manera virtual por las Comisiones de Derecho Administrativo y de Energía de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC.