Interponen controversia constitucional contra nueva ley eléctrica

Ulises Juárez / Energía a Debate

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovidas por el presidente de la República y aprobadas por el Congreso de la Unión a principios de este año.

En esta su segunda controversia contra las políticas en materia de electricidad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cofece consideró que parte del contenido en las reformas y adiciones a la LIE es contrario a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.

“Lo anterior, en afectación a la esfera competencial de la Cofece al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector”, argumentó el organismo autónomo bajo la presidencia de Alejandra Palacios Prieto.

“Bajo el esquema constitucional vigente es fundamental que existan ciertos requisitos para que los mercados de generación y suministro puedan operar en condiciones de competencia. Estas son: i) la posibilidad de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de cualquier generador a las redes de distribución y transmisión eléctrica; ii) que el despacho de energía se rija por criterios objetivos y de eficiencia, y iii) que el operador –Centro Nacional de Control de Energía– y el regulador –Comisión Reguladora de Energía– operen de manera independiente e imparcial, sin favorecer ni otorgar ventajas indebidas a ningún participante”, agregó.

En su cuenta personal de Twitter, Palacios Prieto escribió: “Presentamos Controversia contra reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Algunas de sus medidas se traducirán en perturbaciones en las condiciones de oferta de electricidad, en daños al consumidor y a la economía en general. También en daños al medio ambiente. #DiadelaTierra”.

En junio de 2020, la Cofece había interpuesto una controversia constitucional en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de ese mismo año por la Secretaría de Energía (Sener).

Como resultado de ello, así como de los numerosos amparos que el Poder Judicial recibió y otorgó en contra de esta medida y del Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el 29 de abril de 2020, la Sener bajo el mando de Rocío Nahle García desistió de tomar acciones de apelación.

Por ello, la administración de López Obrador optó por continuar por la vía de las reformas a la Ley a través del Congreso de la Unión en donde su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría junto con otros grupos parlamentarios aliados.

La Cofece enlistó esta mañana los puntos por los cuales se impugna el Decreto que reforma diversas disposiciones de la LIE, publicado el 9 de marzo en el Diario Oficial.

En primer lugar, quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.

También elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.

Además, diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello.

Por último, permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.

“A juicio de esta autoridad las medidas contenidas en el Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”, añadió la Comisión.