Piden no acatar memorándum del presidente López Obrador

Ulises Juárez / Energía a Debate

La senadora por el Estado de Baja California Sur, María Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó este miércoles un punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de diversas instituciones y de las empresas estatales del sector energético a abstenerse de acatar las instrucciones contenidas en el Memorándum que el presidente de la República les remitió el pasado 22 de julio, en el que les instruye a pensar medidas para dar preponderancia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado energético mexicano y dejar de otorgar permisos a las empresas privadas para nuevos negocios en el sector.

Asimismo, advirtió que acatar tales instrucciones presidenciales traería como consecuencia, entre otras, que los funcionarios públicos que negaran permisos a particulares, además de ser anti-constitucional, serán sujetos de responsabilidad administrativa y, en su caso, de responsabilidad penal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) un memorándum con 17 compromisos, acciones y cambios, con la finalidad de exponerles los “lineamientos de la nueva política energética” orientada al “rescate” de Pemex y la CFE.

Asimismo, en el documento les solicitó pensar la forma de hacer este rescate con el marco legal actual, aunque no descartó que, de ser necesario, promovería cambios constitucionales.

(Estos son los 17 puntos del Memorándum del presidente López Obrador)

En este contexto, la senadora Saldaña Cisneros hizo énfasis en la negativa de la actual administración para seguir otorgando permisos a las empresas privadas para desarrollar sus actividades en diferentes áreas del sector energético.

“Particularmente es importante señalar que la realización de reformas reglamentarias –entiéndase a los dos Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos, al de la Ley de la Industria Eléctrica, al de la Ley de Transición Energética y a los reglamentos ambientales– y la detención de permisos para la realización de actividades relativas al sector energético, cuya finalidad sea la eliminación de la competencia privada, son inconstitucionales”, afirmó la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN).

“El régimen jurídico de los permisos no lo determinan los reglamentos del Poder Ejecutivo, sino las leyes del Poder Legislativo”, expuso categórica. “Los permisos, autorizaciones, concesiones y otros de naturaleza similar, se rigen por el principio de legalidad, establecido en el artículo 16 Constitucional y por ello las leyes establecen como limitaciones o restricciones al derecho de realizar obras y actividades productivas –modalidades que dicte el interés público–, la obligación de obtener permisos, autorizaciones, licencias y concesiones según sea el caso de bienes públicos o privados”, añadió.

Además, recordó que los hechos de detener el otorgamiento de permisos y modificar reglamentos desatan una oleada de juicios de amparo “cuestionando la validez jurídica de esos actos por su contravención a la Constitución a la que juraron obedecer y respetar”.

Por ello, advirtió: “Queda recordarles a los servidores públicos que nieguen permisos con base en una instrucción presidencial, que sería anticonstitucional, que serán sujetos de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de ser el caso, de una posible responsabilidad penal, que harán valer los sujetos afectados. En este sentido debe recordarse que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite”.

Derivado de lo anterior, la senadora Saldaña incluyó en su punto de acuerdo la recomendación para el Poder Ejecutivo reconsiderar los 17 puntos contenidos en el Memorándum del presidente López Obrador.

Igualmente, también solicitó para el Estado que representa que se retome el proyecto de cable submarino, propuesto por la administración federal anterior y cancelado por el actual gobierno, para conectar el Sistema Interconectado de Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional.

Como segunda petición, Saldaña Cisneros pidió iniciar el proceso para la instalación de una planta de energía eléctrica en La Paz y como tercera solicitud incluyó fortalecer la generación solar fotovoltaica en combinación con el ciclo combinado, “flexibilizando la decisión del Cenace de limitar la expansión de las energías renovables en Baja California Sur condicionado a que éstas financien las obras de interconexión a la red, en aras de que esta entidad federativa cuente con energía eléctrica suficiente, permanente, de calidad, asequible, sana y sustentable social, económica y ambientalmente”.

Por último, cerrando lo expuesto en los Motivos, el punto de acuerdo exhorta “de manera respetuosa a los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y demás autoridades involucradas con el desarrollo del sector energético, a abstenerse de detener, negar, prolongar más allá de los plazos de ley el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias, concesiones, sin sujetarse a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales comerciales y ambientales de los que México es Parte y las diferentes leyes secundarias relativas a dicho sector”.