Rumbo a una transición energética justa

Pasé por un panorámico de Gas Bienestar. El anuncio mostraba a un hombre con casco de PEMEX entre tanques de gas LP, con el slogan “Fortalece la economía familiar, la base del desarrollo de la nación”. El mensaje reproduce la narrativa que ha empujado el Gobierno Federal los últimos meses: la Reforma Energética del 2013 repercute negativamente a las familias mexicanas, el control total del Estado sobre la electricidad, dice el gobierno, llevaría a mejoras para las personas, la pobreza se combate a través de la CFE. Y aunque estas afirmaciones ya han sido refutadas una y otra vez por estudios de organizaciones y expertos en la materia, llevan detrás un cuestionamiento estructural que es necesario plantearnos para lograr acción climática incluyente: ¿cómo resolvemos las inequidades sistemáticas a través de la transición energética?

La crisis climática es una crisis social que exacerba las injusticias e inequidades existentes, y los impactos de continuar quemando combustibles fósiles se sentirán más fuertemente en las comunidades socioeconómicamente vulnerables de nuestro país.

Es por esto que la transición energética es urgente y es uno de los componentes principales tanto para mitigar y adaptarnos al cambio climático, como para impulsar la justicia climática. Sin embargo, también debemos reconocer que esta transición origina preguntas válidas sobre equidad y justicia social que debemos reconocer e integrar a nuestras regulaciones, políticas públicas y planes de acción.

Cambiarnos a usar energías renovables en sí no va a solucionar las inequidades que están incorporadas en nuestro sistema. Hasta la fecha, nuestra transición ha aplicado la misma estructura y modelos que existían con los combustibles fósiles: proyectos que priorizan obtener la electricidad al costo más extremamente bajo posible, aunque este signifique la creación de megaproyectos que cambian drásticamente las comunidades que los rodean. Y esto no es algo exclusivo de las corporaciones privadas, ha sido y continúa siendo el modelo económico de nuestro gobierno federal a través de CFE y PEMEX.

“Nuestro sistema energético sigue siendo un modelo vertical, en el que los consumidores tenemos poca o nada injerencia en los procesos de los que dependemos para nuestro día a día”.

Nuestro sistema energético sigue siendo un modelo vertical, en el que los consumidores tenemos poca o nada injerencia en los procesos de los que dependemos para nuestro día a día. Esto resulta en enormes disparidades: en un país con casi completa electrificación, el 36.7% de los hogares sigue sufriendo de pobreza energética y no puede cumplir sus necesidades básicas (iluminación, alimentación, climatización, etc.) por falta de energía (1). Asimismo, en el año 2017 el 66% de los proyectos de generación de electricidad se reportaron atrasados por conflictos sociales (2).

Esto nos refleja que la transición energética no solo debe ser un cambio técnico –un cambio de combustibles fósiles a renovables. Debemos cambiar las estructuras sistémicas de nuestros procesos energéticos para lograr una verdadera justicia energética en nuestro país.

¿Y qué significa esto? La justicia energética es “el objetivo de lograr equidad en la participación económica y social en el sistema energético, al mismo tiempo que se remedian las cargas sociales, económicas y de salud de quienes se ven desproporcionadamente perjudicados por el sistema energético” (3). En otras palabras, se busca crear sistemas energéticos accesibles, limpios y democráticamente manejados, en donde las comunidades se vean como actores socioeconómicos verdaderos en los proyectos eléctricos que los rodean y la transición energética se use para crear cambio social.

Con este lente, podemos decir que los retos que se han reconocido actualmente –procesos de consulta exhaustivos e incluyentes y participación comunitaria en los proyectos energéticos– apenas rascan la superficie de las posibilidades de la transición. Debemos no solo garantizar los derechos y la voluntad de las comunidades en los proyectos energéticos, sino crear las políticas y regulaciones necesarias para abrir los paradigmas de generación a aquellos en donde todas las personas se puedan volver participantes activos de nuestro sistema energético.

En un escenario ideal, los ciudadanos y comunidades podrán ser dueños de su infraestructura de generación y podrán compartirlas en una red manejada por la CFE. Las grandes empresas energéticas y CFE no serán los únicos participantes del sistema, pues existirían proyectos comunitarios y cooperativas energéticas que democraticen el acceso a las energías renovables. Este escenario es posible si cambiamos nuestros marcos normativos y abrimos los esquemas de generación, dejando a un lado la postura paternalista de la CFE y empoderamos a la ciudadanía a liderar la transición energética.

Es momento de que dejemos de ver a la ciudadanía como objetos de consulta y los –nos– incluyamos activamente en el proceso de toma de decisiones energéticas, desde el diseño y manejo hasta la propiedad de los proyectos energéticos del país. Busquemos soluciones que honren los tres pilares del desarrollo sustentable (social, económico y ambiental) y que redistribuyan los beneficios de la descarbonización para esta y futuras generaciones. Al final del día, la transición energética sin justicia social es tan insostenible como el sistema actual.

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Referencias:

(1) García-Ochoa, R. & Graizbord, B. (2016). Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212016000200289

(2) World Resources Center. (2021).Mexico: Policymaking to Ensure Energy Justice in Renewables Development. https://www.wri.org/just-transitions/mexico

(3) Initiative for Energy Justice. (2021). What is energy justice? https://iejusa.org/