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La Secretaría de Energía (Sener) tiene atorados al menos mil resolutivos Manifestaciones de Impacto Social relacionados con la industria de petrolíferos, de alrededor de mil 500 permisos obtenidos, un trámite obligatorio para que las empresas puedan echar a andar sus negocios, incluso cuando ya tengan el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), advierte Beatriz Marcelino, directora de Grupo CIITA.
En entrevista con Energía a Debate, la especialista señala que desde el inicio de la pandemia y hasta marzo de este año, la Secretaría de Energía no ha entregado los resolutivos sobre este tema y que fue la única dependencia del sector energético que cerró totalmente sus operaciones en materia administrativa.
Aunque a partir de 2021, la Sener abrió una ventanilla para recibir los ingresos de las Manifestaciones de Impacto Social (MIS), los ingresos sólo funcionan para iniciar el permiso ante la CRE.
Uno de los riesgos de no contar con los resolutivos de las MIS, dice la directiva de Grupo CIITA, es que los permisionarios pierdan toda su inversión, debido a que en el caso de las estaciones de servicio, las empresas tienen un plazo de un año después de haber obtenido el permiso de la CRE para iniciar sus operaciones, mientras que en el caso de las plantas de distribución, tienen dos años, aunque el sector más presionado es el de transporte, pues sólo tiene tres meses para iniciar sus operaciones después de recibir el permiso.
En caso de no arrancar en esos plazos, el permiso caduca.
Origen del problema
Beatriz Marcelino señala que hasta 2019, el tiempo promedio para obtener la resolución de las Manifestaciones de Impacto Social era de dos meses.
El problema, señala, inició a partir de la llegada de Rosa María Avilés Nájera, como directora de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener.
Otro reto al que se enfrentan los permisionarios es que hasta el momento la Sener sólo ha enviado prevenciones, un documento que funciona para pedir información a los permisionarios.
La especialista señala que las prevenciones tienen un plazo de cinco a 10 días para ser respondidas por los permisionarios; sin embargo, las citas para resolver las prevenciones tardan hasta un mes en ser otorgadas.
Además, la Comisión Reguladora de Energía está enterada de la problemática y ha recomendado a los permisionarios “presionar” a la Sener, a través de correos electrónicos en los que soliciten la entrega de los resolutivos.
Por otra parte, Beatriz Marcelino argumenta que la dependencia que dirige Rocío Nahle no ha abierto la puerta para dar una respuesta sobre los motivos para no entregar los resolutivos, incluso cuando se han presentado quejas ante la Contraloría de la Sener.
De acuerdo con Daniela Suárez, directora del Departamento Jurídico de Grupo CIITA, los permisionarios pueden recurrir a amparos para iniciar las operaciones, debido a que se les niega el derecho a la petición o a la impartición de justicia pronta.
Además, Beatriz Marcelino advierte que en caso de que los permisionarios inicien operaciones sin contar con el resolutivo de la MIS, se arriesgan a que la CRE los clausure, a lo que se suma una multa que va de seis a 12 millones de pesos.
