En 213 de los 220 mercados de gas licuado de petróleo (gas LP) que existen en México no hay condiciones de competencia, encontró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El organismo regulador informó este miércoles que su Autoridad Investigadora determinó preliminarmente que en casi todos los mercados geográficos de energético en el país (97%) no existen condiciones de competencia efectiva definidos para la distribución a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanques, conocidos como “pipas”.
Por ello, a partir de hoy puso a disposición el Dictamen preliminar con número DC-001-2021 para que los agentes económicos interesados puedan presentar sus manifestaciones y alegatos que consideren pertinentes, con el fin de que el Pleno de la Comisión emita una resolución final sobre el caso.
La Cofece también aclaró que, de confirmarse el sentido del Dictamen, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá establecer la regulación de las contraprestaciones, precios y tarifas del gas LP. “Para ello requiere previamente de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia por parte de la Cofece”, apuntó.
Cabe recordar que desde el 1 de agosto pasado, la CRE ha estado emitiendo semanalmente los precios máximos tope del gas para ventas a usuarios finales, esto como consecuencia del incremento de los precios internacionales, principalmente del propano, y de los energéticos en general.
Desde esa fecha, las empresas distribuidoras han manifestado que la fórmula implementada por la CRE, bajo el mando de Leopoldo Melchi García, no refleja los costos reales de distribución del energético, provocando pérdidas con impactos negativos, como la cancelación de rutas de reparto, eliminación de puestos de trabajo, caída en el mantenimiento de instalaciones, transporte y cilindros, entre otros.
LOS HALLAZGOS
Entre los elementos identificados por la Cofece que inhiben la competencia en el mercado del gas LP se encuentran una elevada concentración en múltiples mercados regionales, además de barreras que impiden la entrada de potenciales competidores por los elevados costos de la inversión.
En este último punto, la Comisión enlistó el establecimiento y puesta en operación de una planta de distribución, la adquisición de flota vehicular y cilindros portátiles, un retorno a largo plazo de la inversión de entre 3 y 10 años, y elevados “costos hundidos”.
Otro aspecto que impide la competencia ha sido las barreras regulatorias. “Se debe cumplir con un alto número de normas y requisitos legales, para lo que se tiene que interactuar con al menos cinco autoridades, tanto de orden local como federal –entre ellas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, las cuales toman tiempo en obtenerse”, explicó.
Asimismo, destacó la existencia de los comisionistas “y agrupaciones clandestinas y pseudo sindicatos, cuyas conductas constituyen una barrera de entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de distribuidores a ciertas zonas geográficas, especial la Zona Metropolitana del Valle de México”.