Un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya identidad no ha sido revelada, otorgó una suspensión con efectos generales a la orden de la Secretaría de Energía (Sener) que obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
La suspensión fue otorgada después de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional contra la Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, emitida por la Sener el 13 de junio.
En el documento, la Corte señaló que la suspensión abarca “los efectos y consecuencias” del oficio emitido el 13 de junio por la titular de Sener, Rocío Nahle, así como de un documento subsecuente emitido por el Centro Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).
El pasado 27 de junio, el Cenagas informó a las empresas privadas sobre nueve puntos de recepción específicos dentro del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) que están sujetos a la directiva en favor de las empresas estatales, y les dio hasta el 13 de agosto para acreditar que ya contrataron el suministro con Pemex o CFE.
La suspensión puede ser impugnada por el gobierno federal ante una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el proceso puede tardar hasta que concluya este año, pues el proceso tarda en promedio seis meses.
Antecedentes
Previo a la suspensión otorgada hoy por la Corte, tres jueces especializados en Competencia Económica ya habían concedido varias suspensiones definitivas, que fueron obtenidas a través de solicitudes de amparo de empresas privadas contra los mismos oficios.
Sin embargo, las suspensiones de los jueces especializados no tienen efectos generales, pues benefician únicamente a las empresas que presentaron los amparos.
En junio, cuando la Sener y el Cenagas presentaron las órdenes, integrantes del sector privado advirtieron que la medida es inconstitucional.
En respuesta, el presidente de México aceptó instalar una mesa de negociación sobre el tema.
Para julio, la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que la estrategia de la Sener causaría un incremento en las tarifas de gas natural y de la electricidad, pues se reduce la competencia en el mercado de distribución y los costos tenderían al alza.
La orden, según el regulador de la competencia dirigido por Brenda Hernández, impediría a los comercializadores y usuarios industriales que decidieran no contratar a las empresas del Estado, el acceso en igualdad de condiciones a la capacidad del Sistrangas, beneficiando artificialmente a Pemex y CFE.
Además, la orden desincentivaría la entrada de potenciales comercializadores de gas natural y anularía la capacidad de competir de los participantes actuales en este eslabón.
Finalmente, la Cofece advierte que la orden generaría distorsiones para los competidores de la CFE en la producción de energía eléctrica, toda vez que los usuarios que utilicen gas natural para producir electricidad y requieran el servicio de transporte estarían obligados a adquirir este insumo a través de la CFE, que a su vez es su competidor.