¿Transición en el “segundo piso” soberano?

El día de la revelación del equipo temático de la precandidata del presidente se hicieron dos anuncios en materia energética:

Se dijo que se va a trabajar en la transición energética mediante el impulso a fuentes renovables, pero al mismo tiempo se habló de trabajar por la soberanía energética.

Hace unos meses y ya en su precampaña electoral (que en realidad lleva casi todo el sexenio), la misma aspirante habló de volver a plantear la reforma Constitucional que propuso el presidente hace dos años y que fracasó. Más allá de los errores de esa iniciativa, como su contradicción con el TMEC, vale la pena revisar la viabilidad de cumplir con las metas de transición energética y lo que entienden como soberanía energética, esos porcentajes de energía producidos por el Estado y privados.

“…vale la pena revisar la viabilidad de cumplir con las metas de transición energética y lo que entienden como soberanía energética”.

De por sí la propia iniciativa de reforma que volvería a proponer es un riesgo, pues indica que los privados no pueden aportar más allá del 46 por ciento de la energía que se recibe en el sistema eléctrico. ¿Qué pasa si no hay energía suficiente del Estado? Se viola la Constitución o se ordenan apagones.

Entonces, la única forma de crecer el sistema es haciendo que por lo menos el 54 por ciento de la infraestructura nueva y la inversión sean del Estado.

Veamos.

Para llegar a las metas de energía limpia en 2030, se calcula que se requiere instalar unos 30,000 megawatts (MW) de capacidad de generación eléctrica por fuentes limpias. Supongamos que eso significa 15,000 MW de eólica y 15,000 MW de solar.

El costo solo de la capacidad de generación sería de unos 12,000 millones de dólares de solar (a 80 centavos el watt instalado, considerando costos de gran escala) y de 21,000 millones de dólares de eólico (a 1.4 dólares el watt instalado), lo que significa unos 33,000 millones de dólares.

El 54 por ciento de esa inversión es un total de 17,820 millones de dólares.

Si observamos que la compraventa de centrales eléctricas privadas este sexenio fue por un monto de 6,000 millones de dólares, el siguiente gobierno tendría que invertir casi el triple en centrales eólicas y solares para poder cumplir con los acuerdos internacionales y al mismo tiempo con el mítico e inútil 54 por ciento de energía generada por empresas del Estado.

Pero cuidado, eso es solo en capacidad de generación.

Además hay que sumar los miles de millones de dólares que tendría que invertir el Estado en transmisión, distribución, modernización de estas redes (no solo crecerlas, sino digitalizarlas, por ejemplo). Solo de dos líneas eran unos 2,400 millones de dólares. Sume usted Lajas-Güemes (Tamaulipas-Nuevo León) que con nearshoring se vuelve necesaria y otros proyectos así. Y recuerde que solo el Estado puede y podría construir transmisión.

¿Qué le gusta? Al menos unos 20,200 millones de dólares. O sea, 360 mil millones de pesos.

Pero viene la peor parte: esta administración endeudará fuertemente al país el año siguiente, casi un billón de pesos de deuda en el paquete económico de 2024. Las finanzas del sexenio entrante estarán muy ajustadas y comprometidas.

No se ve de dónde salga el dinero para cumplir con la “soberanía” del 54 por ciento de energía del Estado y la transición energética prometida, no parece viable al mismo tiempo. No son privados.

Son números fríos.

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