Tubería de Papel: Cuando el trámite pesa más que el acero

El año 2026 ha iniciado con una dinámica intensa para el sector energético nacional. La política de fortalecimiento de las empresas públicas y la reconfiguración de la rectoría estatal, consolidadas tras las reformas constitucionales de 2024 y la publicación de los nuevos reglamentos en octubre de 2025, han establecido con claridad las reglas del juego.

Hoy sabemos quién manda y bajo qué principios de soberanía se rige el sistema. Sin embargo, el éxito abrumador de México en la atracción de inversiones por la relocalización de cadenas productivas (nearshoring) nos presenta un nuevo reto compartido: la velocidad de ejecución.

La coincidencia actual entre el interés público (detonar el desarrollo nacional) y el interés privado (la inversión industrial) es absoluta. Nadie duda de la necesidad de energizar los Polos de Desarrollo. No obstante, en la práctica operativa, nos enfrentamos a una curva de aprendizaje institucional que, de no atenderse con agilidad, podría ralentizar la llegada del gas natural necesario para materializar estas inversiones históricas.

Una de las propuestas más acertadas de la reforma administrativa fue la implementación de la Ventanilla Única digital para la gestión de proyectos estratégicos. El objetivo es noble: evitar el peregrinaje burocrático y centralizar la toma de decisiones. Sin embargo, la puesta en marcha de esta herramienta se ha topado con la compleja realidad de fusionar criterios de dependencias que históricamente han operado como silos.

Actualmente, observamos un fenómeno natural en toda reestructura de gran calado: la sincronización entre la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) (encargada de la planeación y el balance energético bajo criterios de Planeación Vinculante) y las áreas técnicas de seguridad y medio ambiente, aún requiere ajustes finos.

No se trata de una falta de voluntad política, sino de capacidad de procesamiento administrativo. La centralización de facultades implica que un número concentrado de funcionarios debe revisar un volumen histórico de solicitudes. Si bien la figura de las Asignaciones de Desarrollo Mixto ofrece certeza legal al inversionista, el flujo de información entre las dependencias debe agilizarse para que la Ventanilla Única no funcione solamente como un receptor de documentos, sino como un verdadero catalizador de resoluciones integrales.

“La centralización de facultades implica que un número concentrado de funcionarios debe revisar un volumen histórico de solicitudes”.

Es innegable que la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente son prioridades innegociables del Estado Mexicano. La labor de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) es fundamental para garantizar que el crecimiento industrial no sea a costa del entorno o de la integridad física de las comunidades.

Sin embargo, para el industrial que busca conectar un ramal de gas de pocos kilómetros a un parque en el Bajío o el Norte, el cumplimiento normativo se ha convertido en un desafío crítico de tiempos. La gestión simultánea de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la autorización del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) representa una carga administrativa robusta y técnicamente densa.

Los tiempos de revisión, exhaustivos y rigurosos, a menudo se extienden debido a la saturación de las áreas técnicas ante la ola de nuevos proyectos. En la experiencia reciente del sector, un ciclo completo de autorizaciones (desde la validación del proyecto en la CNE hasta el visto bueno operativo de la ASEA) puede oscilar entre los 18 y 24 meses. Este cronograma, aunque garantiza el cumplimiento estricto de la norma, representa un reto financiero mayor para una industria globalizada que necesita operar al ritmo de los mercados internacionales.

Para que la soberanía energética se traduzca en bienestar tangible, sector público y privado deben encontrar mecanismos creativos para descongestionar la “tubería administrativa”.

Una vía posible, perfectamente viable dentro del marco legal vigente, sería establecer criterios de priorización simplificada para obras de conexión de “última milla”. Técnicamente, no es lo mismo evaluar el impacto ambiental y de riesgo de un gasoducto troncal de 500 kilómetros que atraviesa múltiples ecosistemas, que el de un ducto de interconexión de 5 kilómetros en una zona ya impactada industrialmente.

Si se logra que la ASEA y la CNE establezcan mecanismos de revisión diferenciados o “carriles de alta eficiencia” para estos proyectos de bajo impacto y alto valor estratégico (sin relajar ni un ápice los estándares de seguridad), estaremos alineando la burocracia con la urgencia nacional de desarrollo.

La reforma energética de 2024-2025 ya definió con éxito el “qué” y el “quién”. El gran reto de 2026 es resolver el “cómo” y el “cuándo”.

El empresario nacional entiende, respeta y se adapta a la nueva rectoría estatal. Ahora, el paso siguiente es trabajar en conjunto para que los tiempos administrativos no se conviertan en un freno involuntario. Fortalecer la capacidad operativa de nuestros reguladores y agilizar la coordinación interna no significa desregular; significa hacer que el Estado sea más eficiente en su mandato constitucional de proveer seguridad energética para todos. El gas natural no tiene ideología, pero las inversiones sí tienen calendario.