¿Y las comunidades?

La regulación que hace el Estado en cualquier materia debería estar enfocada en lograr y facilitar los objetivos del propio Estado. La regulación eléctrica no puede ser la excepción.

¿Qué debe buscar el Estado en materia eléctrica?

Que el sistema eléctrico sea estable, confiable, seguro, sostenible en términos económicos, cada vez más limpio, pero en países como México debe también tener un fuerte componente social: disminuir la pobreza energética o facilitar su eliminación. Más aún si eres un gobierno que usa como principio básico eso de que “primero los pobres”.

Este gobierno propuso en campaña la instalación de 4 millones 881 mil sistemas de generación de energía eléctrica para alimentar a los hogares más pobres y que el costo de contar con energía eléctrica fuera accesible (o casi cero) para ellos. El programa nunca se presentó ni se llevó a cabo, así que el avance en el sexenio es de cero por ciento.

Pero ya que el programa no se ha presentado a cuatro años de gobierno, por lo menos se deberían establecer los mecanismos regulatorios que faciliten lograr ese objetivo, ¿no? Y el proyecto de disposiciones administrativas en materia de generación distribuida que presentó la CRE en el último trimestre del año pasado se aleja de estos objetivos de Bienestar del Estado.

Me explico.

Desde 2019 se intentó crear el modelo de Generación Distribuida Colectiva que fue frenado ilegalmente por la Secretaría de Energía. El modelo buscaba que se instalara una central eléctrica de generación no solamente con uno, sino con varios beneficiarios de la energía que generara ese sistema. Para explicarlo con un ejemplo: Yo instalo en mi techo una central eléctrica capaz de generar 5 kWh al día, pero solo consumo 1 kWh. El resto, con la regulación que está en proyecto, se lo podría entregar a los que comparten el mismo punto de interconexión conmigo y están en la misma tarifa. O sea, los vecinos de edificio, pero nada más.

¿Cuál puede ser la ventaja de tener una regulación con criterios más amplios?

Imagine que el gobierno decide cumplir con su programa de 4.8 millones de hogares con generadores eléctricos renovables. En un modelo individual, instalarían 4.8 millones de techos solares de 1 kW cada uno.

“Imagine que el gobierno decide cumplir con su programa de 4.8 millones de hogares con generadores eléctricos renovables”.

El costo de una instalación de un kilowatt puede rondar los 1,200 dólares, considerando costos bajos de mercado. Esto significaría que instalar los 4.8 millones de techos solares costaría unos 5.8 mil millones de dólares.

Pero si contamos con un modelo de generación distribuida colectiva por el cual una sola central genera energía y los beneficiarios pueden ser todos aquellos que la reciben de la misma subestación, se podría favorecer a una colonia o más colonias de interés social, o a comunidades rurales o de bajos recursos.

En otras palabras, una central de 499 kilowatts permitiría que, en lugar de haber 499 instalaciones, hubiese una sola y 499 beneficiarios.

Esto impactaría en los costos del proyecto, pues una central de 500 kW no cuesta los 1.2 dólares por watt instalado de las centrales pequeñas, sino 0.80 dólares por watt instalado.

En volumen, alimentar quinientos hogares con una sola central en generación distribuida colectiva con visión social costaría alrededor de 400 mil dólares, mientras que hacerlo techo por techo tendría un costo de 200 mil dólares más. El ahorro de hacerlo en mediana escala y colectivo sería de 33 por ciento.

O sea: en lugar de hacer 4.8 millones de techos solares, se instalarían solo 9,781 parques solares de 499 kW, con un costo de 3,904 millones de dólares, contra los 5,857 que costaría uno por uno.

¿Qué se necesita para reducir el costo del programa (si es que el gobierno lo lleva a cabo)?

Simple: que las nuevas reglas no sean para que los beneficiarios estén en el mismo punto de interconexión, sino dentro de la misma red de una sola subestación, además de que todos ellos operen en el sistema de intercambio neto de energía, o net metering. El ahorro sería para el Estado y 25 millones de personas, o cinco millones de usuarios de energía eléctrica pagarían prácticamente cero.

Con este cambio en la regulación propuesta se atendería primero a los pobres, como lo propone la cantaleta de este gobierno, sin generar afectaciones a la empresa productiva del Estado.

Veamos si es cierto eso de que “primero los pobres”. Y a ver si echan a andar el programa.