Cada vez que se le escarba más a las modificaciones legales que ha promovido la actual administración en los distintos ámbitos de la vida nacional, salen más sorpresas. Y no de las buenas.
La semana pasada, César Hernández Ochoa, exsubsecretario de Electricidad, nos puso a pensar sobre las otras consecuencias de las recientes modificaciones del presidente López Obrador a la Ley Minera. En ellas plantea como mineral estratégico al litio, por lo que su explotación y aprovechamiento en toda su cadena de valor quedan reservados al Estado.
El exfuncionario dijo en seminario virtual que esto tiene impacto potencial en todas las concesiones que se han otorgado a las empresas mineras que operan del país, ya que los títulos de las concesiones no especifican minerales en particular. Así que, ¿qué pasa si en la mina en la que yo extraigo cualquier otra cosa de repente sale litio?
Estamos hablando de poco más de 24,000 concesiones mineras en general que extraen diversos recursos en distintas partes del territorio nacional. ¿Cuántas de ellas podrían encontrar litio?
Muy bien, expertos en la materia nos han contado que en realidad los yacimientos de litio en México no son tan accesibles como los de otros países. El problema es que la reforma del Ejecutivo federal incluye, en el artículo 10, como estratégicos a “otros Minerales” que no se especifican. ¿Cuáles son? ¿Quién los define? ¿Qué pasa si en mi mina aparecen? Mientras se recarga la batería del celular, esperaremos una respuesta.
Más fiscalización de la CRE
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) da un paso adelante y tres para atrás, como el resto de la Cuarta Transformación, pues por un lado autorizó cinco permisos provisionales a Trafigura para importación de combustibles, en particular de gasolinas, turbosina y diésel.
Pero en su última Sesión Extraordinaria, el organismo que preside Leopoldo Melchi autorizó el Programa Anual de Visitas de Verificación en Materia de Hidrocarburos para este año, lo que implica más visitas a las instalaciones de almacenamiento y distribución del sector privado.
El documento solo señala un aumento en las visitas, pero no aclara cuántas ni la calendarización de las mismas, lo que es para ponerle los pelos de punta a cualquiera.
Basta con ver lo que ocurrió el año pasado, cuando se realizaron más de 130 visitas “extraordinarias” a instalaciones privadas, lo que desembocó en clausuras, que tienen a las empresas privadas pugnando hasta niveles internacionales, pues acusan cierres y clausuras injustificadas.
Además, el tercer trimestre del año pasado, la CRE pidió a los transportistas de combustibles que registren sus unidades, así como las rutas de suministro para mantener sus permisos.
A esto se suma una coyuntura compleja, donde los transportistas del país advierten de un desabasto de diésel, y ya, en algunos casos extremos, hasta de gasolina.
El pretexto es el mismo, combatir el huachicol físico y fiscal, pero pareciera que el fin último es volver a imponer a Pemex como jugador único, al precio que sea, incluso el del desabasto.
Aquí el botón de muestra: el norte del país, particularmente en la región Noreste, los mexicanos se han quejado de que hay al menos 100 gasolineras que no tienen alguna de las tres variantes de combustibles, es decir, Magna, Premium y diésel o, de plano, están cerradas, pero eso no detiene las prácticas del gobierno federal, al contrario, parece ser que lo que quieren es precisamente eso, caos.
¿De dónde saldrán 10 mil mdd anuales?
Fitch volvió a poner el dedo en la llaga eléctrica. En el país ya se frenó la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica está congelada en tribunales con una losa pesadísima de amparos que mantienen congelado el cambio en la ley secundaria.
Pero aun así, la calificadora internacional advierte que en México la incertidumbre regulatoria mantiene congeladas las inversiones en generación eléctrica del sector privado.
El problema subyacente es todavía peor. Según la agencia, el país requerirá una inversión de 10 mil millones de dólares anuales en el sector eléctrico por los próximos 15 años. Esto equivale a más o menos 200 mil millones de pesos ¡cada año!.
Para que tengamos una idea: la CFE tiene para este año un presupuesto total de casi 450 mil millones de pesos. De ese monto hay que restarle los subsidios a las tarifas domésticas de bajo consumo, el mantenimiento a las plantas y redes de transmisión y distribución, y un largo etcétera. El dinero que queda para nuevas centrales de generación es mínimo.
La pregunta de los 10 mil millones de dólares es: sin el apoyo de los privados para satisfacer la demanda, ¿de dónde saldrá ese dinero?, porque para que la economía crezca y no haya apagones, sí o sí se tiene que incrementar la generación, aquí no caben las medias tintas.