El problema de la aportación gubernamental en el recibo de CFE

Me cuesta trabajo pensar en los apoyos gubernamentales a CFE como subsidios directos a los usuarios. Así se les denomina oficialmente y en los recibos, pero en la práctica se trata de una transferencia federal para compensar una insuficiencia tarifaria cuya metodología no resulta evidente. El dinero no se entrega al consumidor ni se descuenta por cada kilowatt-hora, y tampoco queda claro qué costos cubre.

A diferencia del estímulo a las gasolinas, expresado en pesos y centavos por litro, en la electricidad no existe una relación transparente. La tarifa reúne los costos de generar la energía, transportarla y suministrarla, incluidos combustibles, capacidad, redes, pérdidas, mantenimiento, medición y facturación.

Una parte importante de estos costos es fija. Las redes deben mantenerse aunque disminuya el consumo y CFE debe conservar capacidad cuando la generación distribuida no está disponible. Vender menos electricidad no significa que los gastos disminuyan en la misma proporción y puede provocar que se distribuyan entre menos energía vendida.

Con estos elementos se estima el ingreso necesario para cubrir el servicio y se compara con lo que se espera obtener mediante las tarifas. La diferencia se denomina insuficiencia tarifaria, pero esto no significa que cada kilowatt-hora tenga incorporado un monto específico de subsidio. Es una estimación agregada que cambia con los combustibles, la inflación, el consumo y los costos reconocidos.

Los resultados de CFE muestran que la transferencia tampoco puede explicarse como una simple resta entre ingresos y costos operativos. En 2024, los ingresos por suministro ascendieron a 510,801 millones de pesos y los costos de operación fueron de 510,206 millones. Aunque las ventas prácticamente cubrieron esos costos, CFE reconoció 81,581 millones por subsidio y registró un resultado integral negativo de 248,096 millones.

En 2025, los ingresos por suministro fueron de 522,643 millones y los costos operativos alcanzaron 564,793 millones, una diferencia de 42,149 millones. Sin embargo, el subsidio ascendió a 84,806 millones, casi el doble de esa brecha, mientras el resultado integral fue positivo por 164,176 millones. Esto no significa que el apoyo haya generado la utilidad o que su ausencia explique la pérdida, pues el resultado integral incorpora otras partidas. Sí muestra que la transferencia responde a una lógica que no puede reconstruirse con facilidad a partir de los estados financieros.

El consumidor observa una aportación gubernamental que supuestamente reduce lo que habría tenido que pagar, pero el recibo no explica si corresponde a generación, capacidad, transmisión, distribución, suministro o pérdidas. Tampoco permite saber si representa dinero transferido a CFE por ese usuario o solamente la diferencia teórica entre dos tarifas. Se afirma que el apoyo beneficia a usuarios domésticos y agrícolas, aunque el receptor inmediato es CFE y el usuario no puede verificar cuánto le corresponde.

Además, los usuarios subsidiados tampoco forman un grupo homogéneo. Algunos hogares reciben un beneficio mayor en verano mediante tarifas como la 1E y la 1F, que incorporan bloques de consumo a menor precio durante los meses de altas temperaturas, mientras que ciertos usuarios agrícolas acceden a tarifas como la 9CU y la 9N, las más bajas del sistema. Esto significa que la aportación gubernamental no se distribuye de manera uniforme, sino que depende del tipo de usuario, la región, la temporada y el nivel de consumo, aunque el recibo tampoco permite identificar con claridad cuánto de la transferencia total corresponde a cada uno de esos factores.

Destinar la transferencia a paneles solares o medidas de eficiencia energética tampoco resolvería automáticamente el problema. Una menor demanda puede reducir costos variables, pero no elimina las redes, la medición, el respaldo ni la capacidad necesaria para prestar el servicio. Si CFE vende menos energía sin modificar la forma en que recupera esos costos, la insuficiencia podría mantenerse o aumentar. El gobierno tendría entonces que financiar tanto el apoyo a CFE como las medidas de transición, mientras reduce costos y reforma la estructura tarifaria.

El subsidio que no es subsidio no deja de ser gasto público. Se presenta como un beneficio individual cuando opera como una transferencia agregada hacia CFE. Mientras no exista una metodología que concilie los costos, las tarifas, los montos presupuestarios y las cifras de los recibos, será difícil saber qué se subsidia, quién recibe el beneficio y por qué la transferencia aumenta año con año.

“El subsidio que no es subsidio no deja de ser gasto público. Se presenta como un beneficio individual cuando opera como una transferencia agregada hacia CFE”.

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