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Cada mes, el gobierno federal hará públicos los contratos del gobierno federal, incluidos los de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante una nueva plataforma de Transparencia coordinada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con este fin y para fortalecer la Transparencia de la información pública gubernamental, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un Decreto que, además, limita los motivos de la reserva de información, los cuales, según refirió, estaban a criterio de los funcionarios públicos.
“Con este criterio ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un Secretario [de Estado], de otra secretaria, de un director, de un área de Pemex, o de CFE, o de cualquier Secretaría”, explicó la mandataria.
El Decreto, adelantó, se publicará hoy en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
Al respecto, señaló que en el nuevo ordenamiento se incluyó un lineamiento que especifica lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo o judicial al que está relacionado, no puede informarse, así como lo que pertenece a seguridad nacional.
Asimismo, la titular del Ejecutivo federal adelantó que en un mes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez fortalecerá la plataforma oficial de Transparencia.
“Cada mes se va a estar informando sobre los contratos públicos y de todo lo que Raquel determinó”, subrayó.
Los 4 puntos del Decreto
En la conferencia de Sheinbaum, Buenrostro Sánchez explicó que el Decreto se compone de cuatro áreas principales.
La primera se refiere a que la difusión de los contratos con el gobierno federal se publicarán de manera mensual, al contrario de lo que sucede actualmente que su publicación es trimestral.
La segunda establece que se transparentarán los estados financieros de Pemex y de CFE, así como de sus filiales. Esto también abarca los informes que estas dos empresas del Estado presentan ante agencias extranjeras, además de sus políticas de operación, contratos e información de sus gobiernos corporativos.
La tercera ordena la difusión de las estadísticas del Manual de Fiscalización, que incluye el estatus de las auditorías, el seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.
Por último, el Decreto convoca a todos los tres Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y a los distintos niveles de gobierno del país a sumarse a este principio que llamó “de máxima publicidad para agilizar y transparentar toda la actuación pública”.
¿Cuándo sí se puede reservar la información?
Buenrostro destacó que el nuevo Decreto simplifica los supuestos bajo los cuales la información puede mantenerse reservada.
Refirió que actualmente existen 173 causales de reserva, mismas que se redujeron a solamente dos categorías. La primera refiere a la información cuya difusión represente un riesgo para la seguridad nacional, en tanto que la segunda reserva aquella relacionada con procedimientos judiciales o administrativos en curso.
