Propone ICM 96 medidas para alcanzar las metas de cambio climático en México hacia 2030

Uno de los cambios más ambiciosos implementados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es la actualización de los objetivos de la política climática de México, que incluye acelerar la implementación de energías renovables y eliminar hacia 2035 el uso de carbón y combustóleo para la generación de energía eléctrica.

Las medidas integradas en la actualización 2025 de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) abrió una nueva etapa para la política climática de México y para su agenda de desarrollo inclusivo y sustentable. 

En este sentido, el think tank Iniciativa Climática de México (ICM) presentó el documento “Programa Especial de Cambio Climático 2026–2030 desde la Sociedad Civil: Recomendaciones para la implementación de la NDC”.

El cambio en la política ambiental del Gobierno Federal fue aprobado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), a través del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030, que está en proceso de revisión previo a su publicación. 

En ese contexto, ICM pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de las dependencias participantes, elementos técnicos, normativos e institucionales adicionales que puedan contribuir a una implementación exitosa del programa en los próximos años.

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El documento se elaboró con base en análisis desarrollados por ICM y las aportaciones de especialistas de distintos sectores y contiene recomendaciones en materia de descarbonización sectorial, adaptación y resiliencia, gobernanza, financiamiento, y seguimiento e implementación de políticas públicas, con una visión de mediano y largo plazos.

De acuerdo con el organismo liderado por Adrián Fernández, el texto incluye 96 medidas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0, junto con los instrumentos y mecanismos de coordinación necesarios para llevarlas a cabo. Incorpora además hitos sectoriales al 2030 para la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que contribuyen a reducir las 144 millones de toneladas de CO₂ equivalente necesarias para cumplir los compromisos climáticos durante el presente sexenio.

La propuesta incluye 96 medidas estratégicas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0: temas transversales; mitigación; adaptación; pérdidas y daños, y entorno habilitador y medios de implementación. Cada medida se acompaña de instrumentos de política, mecanismos de coordinación institucional y responsables que facilitan su ejecución.

Además, pusieron a disposición de las autoridades una hoja de ruta para acelerar la descarbonización de los principales sectores emisores.

Entre los objetivos hacia 2030, la hoja de ruta establece opciones para alcanzar objetivos que incluyen al menos 38.5% de generación eléctrica con fuentes limpias, respecto al 24.6% registrado en 2025 —cerca de 14 puntos porcentuales en menos de cinco años—, en línea con los alrededor de 15 GW adicionales de capacidad limpia y almacenamiento previstos en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, junto con el fortalecimiento de la red de transmisión;

La propuesta ambiental del Estado Mexicano también establece eliminar de manera progresiva la generación eléctrica con carbón, estimada en 3.4% de la matriz en 2025, y reducir el uso de combustóleo, estimado en 1% ese mismo año, con miras a su eliminación hacia 2035, mediante una transición energética justa que impulse la restauración ambiental, la reconversión laboral y productiva, y la participación de las comunidades en las regiones afectadas.

Otra rama que atiende esta hoja de ruta es la aceleración de la electrificación del transporte, sector responsable de 23% de las emisiones nacionales, mediante estándares que reduzcan el promedio corporativo de los autos nuevos de 125 a 63 gramos de CO₂ por kilómetro, una participación de 30% de las ventas de autobuses urbanos eléctricos y un mayor reparto modal ferroviario de carga, hoy en 13.4%.

Por otra parte, también se estableció la reducción de 30% las emisiones de metano del sector petróleo y gas respecto de los niveles de 2020, estimados en 29.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente, en línea con el Plan de Sostenibilidad de Pemex.

En materia de descarbonización industrial, los objetivos incluyen la implementación de eficiencia energética, electrificación, cogeneración y combustibles de bajas emisiones.

Además, se proponen las acciones puntuales para fortalecer una productividad agropecuaria de bajas emisiones con 484 mil hectáreas nuevas de agricultura de conservación, la recuperación de 190 mil hectáreas de suelos degradados y 616 mil hectáreas bajo manejo silvopastoril.

En materia de reforestación, el objetivo del país es avanzar a la deforestación neta cero y cumplir la meta 30×30 de conservar el 30% de la superficie nacional terrestre y marina, en un sector con potencial de absorción de al menos 200 millones de toneladas de CO₂.

Además, también se trazó la promoción de la economía circular en el sector de residuos, que actualmente es responsable de 9% de las emisiones nacionales, mediante la reducción del desperdicio de alimentos —20.4 millones de toneladas en 2025, equivalentes al 34% de la producción nacional— y el aprovechamiento de residuos orgánicos en al menos 20 plantas de digestión anaeróbica en municipios medianos.

En este sentido, ICM integra además un enfoque integral de adaptación y resiliencia, orientado a fortalecer la gestión del riesgo climático, la seguridad hídrica, la protección y restauración de ecosistemas, la adaptación basada en la naturaleza y el fortalecimiento de capacidades locales. 

“El documento reconoce que aumentar la resiliencia de la población y los territorios es una condición indispensable para el desarrollo sostenible y socialmente inclusivo del país”, detalla ICM.

Para alcanzar estos objetivos, dice ICM es necesario implementar mecanismos de coordinación entre dependencias, órdenes de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil; fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de la NDC y una estrategia para movilizar financiamiento climático a la escala que la transición requiere: la agenda de desarrollo sostenible al 2030, plenamente integrada a la NDC 3.0, supone inversiones del orden de 13.6 billones de pesos, unos 727 mil millones anuales. 

“De ahí la importancia de desarrollar una Plataforma de País capaz de articular recursos públicos y privados para acelerar la implementación de la NDC 3.0”, añade.

Por otra parte, ICM añade propuestas para reformar la Ley General de Cambio Climático que incorporen las metas al 2035 y cero emisiones netas a mediados de siglo, los hitos de descarbonización, justicia climática y alineación con la NDC 3.0. La reforma también mandataría a las Secretarías, en coordinación con el Congreso, ajustar la legislación secundaria y los instrumentos de planeación, como el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico a estos compromisos.

Con esta propuesta, ICM busca contribuir, desde el sector social a la evidencia técnica y el diálogo constructivo, al fortalecimiento de la política climática nacional y a la implementación de los compromisos climáticos de México.